Al pedir de nueva cuenta un alto al conflicto, el gobernador, Samuel García se comprometió a que el Gobierno de Nuevo León no volverá a tener arrebato alguno con la oposición y que entregará los recursos pendientes a los alcaldes.
En su intervención, durante un evento de programas sociales, pidió que acabe la crisis política para resolver las crisis que enfrenta Nuevo León como la de movilidad, inseguridad, contaminación y otras más.
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“Mando un mensaje a toda la clase política de Nuevo León, si todos nos enfocamos en resolver y ponemos al estado como prioridad, no debemos de batallar.
“No van a volver a ver un solo arrebato de parte de Gobierno, seremos flexibles y estaremos listos para cooperar, haremos que les llegue a los alcaldes el dinero que ocupan y dejaremos que el Congreso haga su trabajo”, señaló.
Añadió que ni la elección de Estados Unidos, ni la discusión de la reforma judicial afectará el impulso de crecimiento que tiene Nuevo León, por lo que se debe llegar a un final en el conflicto que sostiene con los alcaldes y diputados.
Poder Judicial no ha dialogado con Gobierno de Nuevo León
El pasado 30 de octubre, el magistrado presidente del Poder Judicial de Nuevo León, Arturo Salinas Garza, descartó que hubiera un conflicto con el Gobierno del Estado, además de afirmar que el gobernador Samuel García no había buscado el diálogo entre Poderes.
Tras presentar el Presupuesto del 2025 en el Congreso local, Salinas dijo que como Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han resuelto temas polémicos y que han fallado en favor de quien consideran que tiene la razón.
“Hemos hecho nuestro trabajo diario, y es el de dictar resoluciones que favorecen algunas partes, entonces nosotros siempre hemos estado abiertos a que se construya un estado derecho, sólido y espero pronto tener oportunidad platicar con el Tesorero explicar la parte presupuestal y bueno pues confiados en que los diputados van a lograr que avancen y no, nos ha buscado”, señaló.
Además, Salinas calificó de sensatez el proyecto del ministro, Juan Luis González Alcántara, que propone invalidar la elección de jueces locales por voto popular en el proceso electoral extraordinario del 2025.
Refirió que hay una preocupación de los jueces locales, pero se mantienen ocupados trabajando la reforma con los diputados, al considerar que la elección de juzgadores provocará que las personas tarden hasta 30 minutos para elegir a un Juez.
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