El Congreso del Estado de México ratificó las modificaciones constitucionales derivadas del llamado Plan B de la Reforma Electoral.
La iniciativa, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo el respaldo mayoritario de la legislatura mexiquense, lo cual consolida un cambio estructural en la administración de los 125 municipios y el funcionamiento de los organismos electorales locales.
Congreso del Edomex aprueba el Plan B de la Reforma Electoral
El núcleo de esta reforma radica en una reingeniería administrativa que impactará directamente en los cabildos municipales.
A partir de la entrada en vigor de estos cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, ningún ayuntamiento en el territorio estatal podrá exceder el límite de 15 regidurías.
Esta medida busca frenar el crecimiento desmedido de las nóminas municipales, obligando a una integración de los gobiernos locales bajo principios de paridad de género y eficiencia administrativa.
Para los organismos electorales, como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral local, las nuevas reglas imponen un techo financiero infranqueable.
La reforma establece con claridad que las remuneraciones de consejeros, magistrados y secretarios administrativos no podrán ser superiores a la de la presidenta de la República.
Asimismo, se proscribe el uso de recursos públicos para la contratación de beneficios extraordinarios, tales como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida privados, cajas de ahorro especiales o regímenes de retiro que no estén contemplados estrictamente por la ley general.
El propio Poder Legislativo estatal no quedó exento de los ajustes.
El dictamen aprobado estipula que el presupuesto anual destinado a las legislaturas locales no debe sobrepasar el 0.70 por ciento del presupuesto total de egresos de la entidad federativa.
Esta limitación presupuestaria obligará a la Cámara de Diputados mexiquense a operar bajo una disciplina fiscal más rigurosa, priorizando el gasto social sobre el gasto operativo legislativo.
Pese a las críticas de la oposición, que calificó la medida como un intento de centralización, la mayoría parlamentaria defendió la reforma como una herramienta necesaria para eliminar los privilegios de la alta burocracia.
Al igual que en el debate federal, se enfatizó que el ahorro generado por la reducción de regidurías y la eliminación de prestaciones de lujo permitirá redirigir recursos a las demandas ciudadanas más urgentes en la entidad.
SCM