A fin de proteger y garantizar los derechos alimenticios de los menores de edad, la Coordinadora de la Bancada del PRD, Perla Villarreal Valdez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de los Derechos de Niñas y Adolescentes para que el Poder Judicial tenga acceso a la plataforma digital del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), a fin de inscribir a los deudores locales y con ello inhibir sus derechos.
En compañía del abogado Enrique Ogaz, la perredista precisó que la alimentación es un derecho humano reconocido en la Constitución, y con esta iniciativa se homologa con lo que se establece en la Ley General de dicho tema.
“Esta iniciativa a nivel nacional le otorga el poder al Poder Judicial para que tenga acceso a estas claves y ellos alimenten este registro nacional, porque ahorita no lo tenemos en el estado de Nuevo León.
“Queremos que se alimente el registro nacional porque muchas de estas personas se cambian de ciudades para vivir y con este registro se va a poder detenerlos”, añadió.
La iniciativa de reforma contempla adicionar un capítulo I BIS, conformado por los artículos 163 Bis 1, 163 Bis 2, 163 Bis 3, 163 Bis 4, 163 Bis 5, 163 Bis 6, 163 Bis 7 y 163 Bis 8, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por su parte, el abogado Enrique Ogaz destacó que con la propuesta se garantizan y protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se agiliza el trabajo en los juzgados.
“Cuando se promueve un juicio de alimentos y por lo general cuando un hombre incumple tienen que promover otro proceso, otro incidente de ejecución y poner un embargo y luego el tema penal y el deudor va dilatando el proceso de manera sistemática y las mujeres se quedan en estado de indefensión.
“Lo que buscamos es que el Estado, en este caso el Poder Judicial pueda hacer que la situación sea tan difícil para el deudor como lo es para quien lo necesita”, señaló.
Villarreal Valdez expresó que en años recientes se han presentado diversas iniciativas sobre el registro de deudores alimentarios, pero no han prosperado, por lo que esta propuesta es más viable que se apruebe porque se sumaría a lo que ya existe a nivel nacional.
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Según un informe de la Red Nacional de Deudores Alimentarios, se estima que existen aproximadamente 35 millones de padres deudores alimenticios y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tres de cada cuatro hijos de padres separados reciben pensión.
“Además del registro quienes se encuentren dentro de la calidad de ´deudor alimentario´, no tienen acceso a las licencias y permisos para conducir, al pasaporte o documento de identidad y viaje, no pueden participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular tampoco podrán participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local o federal”, aseveró.
“El Poder Judicial local asume el compromiso de cumplir con garantizar de manera efectiva los derechos alimentarios, ya que, con esta iniciativa, tanto magistrados, jueces y litigantes, podrán combatir las artimañas de las que comúnmente se valen los deudores alimentarios para incumplir con sus obligaciones, pues no tendrán otra opción, más que cumplir con el pago de los alimentos”, finalizó.