El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Salinas, presentó una iniciativa para expedir la nueva Ley de la Defensoría Pública del Estado, que constará de 39 artículos y cuatro artículos transitorios.
La propuesta entró en asuntos en cartera durante la sesión del Congreso local.
A petición del diputado del PAN, Félix Rocha la iniciativa fue turnada con carácter de urgente a la Comisión de Legislación.
Sin embargo, el diputado de Movimiento Ciudadano, Roberto Farías pidió que el asunto fuera turnado a una comisión de estudio debido a que hay una suspensión de la Suprema Corte de la Nación para que se suspenda toda acción que tenga que ver con el Instituto de la Defensoría Pública del Estado.
La propuesta impulsada por Salinas generó debate por más de media hora entre legisladores de Movimiento Ciudadano y del PAN.
En contra del turno en carácter urgente a la Comisión de Legislación, se manifestaron los diputados emecistas Iraís Reyes y Eduardo Gaona, y a favor su homólogo panista, Jesús Gómez Reyes.
¿De quién está a cargo la Defensoría Pública?
El secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, reiteró que el Instituto de la Defensoría Pública está cargo del Ejecutivo estatal y no del Poder Judicial del Estado.
Aseguró que la Suprema Corte de la Nación señaló que mientras no haya una respuesta definitiva, la Defensoría Pública está a cargo del Gobierno estatal.
"No obstante del albazo que quiso dar el Poder Judicial junto con el Congreso y con la Fiscalía, ya claramente la Suprema Corte de Justicia estableció que quien tiene el derecho de mantener la administración, el presupuesto es el Poder Ejecutivo", señaló.
"Hasta que no haya una respuesta final por parte de la Suprema Corte de Justicia las cosas quedarán en los mismos términos".
Suspensión fue presentada por el Ejecutivo
Sobre que el Poder Judicial alega que la Corte les dio la razón a ellos, Navarro dijo que la suspensión fue presentada por el Ejecutivo y fue a quien contestó.
"Tienen (el Poder Judicial) que buscar alguien que les interprete bien lo que dice la Corte", indicó, "la suspensión se la entregaron al Poder Ejecutivo no al Poder Judicial, ellos no pueden alegar que reciben beneficios con la suspensión.
"La Corte es muy clara y dice que las cosas quedarán como estaban anteriormente".
Poder Judicial había tomado control del Instituto
Después de varios intentos por obtener el control y con ayuda de la fuerza pública, el viernes 14 de abril, el Poder Judicial tomó posesión del Instituto de la Defensoría Pública ubicado en el Centro de Monterrey.
Elementos ministeriales y de Fuerza Civil permanecieron por un par de horas en el cruce de Matamoros y Galeana en donde hasta el momento, los servicios continúan con normalidad.
Se informó que la intervención se dio mediante la ley, ante la negativa del ahora ex director Reynaldo Cantú de entregar las Instalaciones en ocasiones previas.
En su lugar, fue nombrado Luis García Alcántara quien de acuerdo a fuentes allegadas al caso, fue testigo de la entrega recepción.
Tras lo establecido, el Poder Judicial pasa a tomar posesión de la Defensoría Pública en lugar del Gobierno del Estado.
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