Aunque la administración pasada en Puebla capital dejó un boquete financiero de más de 500 millones de pesos, el actual gobierno municipal se enfrenta a un nuevo dolor de cabeza: no puede pagar 70 millones de pesos de esa herencia.
La razón no es falta de liquidez, sino que las empresas proveedoras no cumplieron con su parte del trato. El tesorero municipal, Héctor González Cobián, reveló que una parte importante de esa deuda histórica está en un limbo legal que podría terminar en sanciones para las firmas involucradas.
Una herencia millonaria bajo la lupa
Al asumir el cargo, la administración actual se encontró con un panorama financiero complicado, heredado del gobierno panista encabezado por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez.
Dos semanas antes de que concluyera su mandato, se informó oficialmente que dejaban una deuda de 547 millones de pesos, principalmente con proveedores y constructoras.
Ante este escenario, el equipo del tesorero González Cobián inició un proceso de auditoría y revisión minuciosa del presupuesto para verificar cada uno de los adeudos pendientes.
El objetivo era ratificar la deuda y proceder con los pagos de manera ordenada y transparente. Sin embargo, el proceso de revisión destapó irregularidades en los propios contratos que frenaron la liquidación inmediata de los recursos.
Empresas en la mira: sin pago y con posible sanción
De acuerdo con González Cobián, actualmente hay un adeudo de 50 millones de pesos que no se pagará.
La razón, explicó, es que las empresas involucradas no cumplieron con las cláusulas establecidas en los contratos firmados con la administración anterior.
“Tuvimos una reunión con todas las dependencias para definir cuánto está pendiente, pues es algo que nos urge finiquitar, pero hay muchas de ellas que no cumplieron con los compromisos que se habían pactado”, enfatizó el funcionario.
Esta situación ha llevado al gobierno municipal a tomar cartas en el asunto. El tesorero señaló que, al detectar el incumplimiento, su dependencia notificó de inmediato a la Contraloría municipal.
Ahora, será este órgano interno de control el que determine si se fincan responsabilidades legales o administrativas contra las 11 firmas que se encuentran en este escenario.
Es importante destacar que estos adeudos corresponden a servicios diversos y no al sector de la construcción, rubro que, según el tesorero, ya ha sido finiquitado por completo.
Paralelamente, hay un rayo de esperanza para otros 20 millones de pesos que están en proceso de ser liquidados.
En este caso, los representantes de las empresas han comenzado a presentar la documentación requerida que estaba pendiente, lo que permitirá desahogar el trámite para el pago.
ERV