La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso promovido por el Congreso de Nuevo León dentro de la controversia constitucional presentada por el gobernador Samuel García, al señalar que los diputados no legislaron la reforma de transparencia durante marzo de 2025.
No obstante, la determinación de la Corte únicamente corresponde a ese recurso interpuesto por el Congreso local, por lo que no se resolvió el fondo del asunto relacionado con la controversia.
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Es decir, aún queda pendiente definir si el Congreso debe avanzar con la desaparición del Instituto Estatal de Transparencia, integrarlo a la Contraloría estatal o bien crear un nuevo organismo que asuma dichas funciones.
En el recurso desechado al Congreso, los diputados alegaban a la Corte que el Ejecutivo estaba invadiendo esferas, pues la reforma es materia legislativa.
Durante la sesión de este miércoles, el Ministro, Irving Espinosa Betanzo, presentó el proyecto donde lo declara procedente, pero infundado el recurso de reclamación presentado por los diputados.
“Dicho argumento es infundado, lo cual puede constatarse con la mera noción de que, en su demanda, el poder actor alegó la existencia de la omisión del Congreso local a partir de los artículos transitorios Segundo y Cuarto del decreto de reforma constitucional de 20 de diciembre de 2024.
“El argumento del Poder Ejecutivo local se centra en la violación al principio de división de poderes establecido en la Constitución Federal… sí exponen violaciones directas al texto de la Constitución Federal y, por tanto, no resulta exigible que el Poder actor tenga que acudir al medio de control de constitucionalidad local al actualizarse una excepción al principio de definitividad”, señaló la Corte.
Esta Suprema Corte, se lee en el proyecto, consideró que la admisión de la controversia constitucional —en contra de la omisión por parte del Congreso de Nuevo León de legislar en materia de transparencia de conformidad con la reforma constitucional de 20 de diciembre de 2024— fue correcta y apegada a derecho.
Ricardo Tamez, asesor del Congreso en temas de constitucionalidad, dijo que no es una cuestión de fondo.
“El recurso de reclamación que se resolvió en la Corte, únicamente trataba sobre una impugnación que hizo el Congreso sobre aspectos que consideramos que eran notorios para desecharse esa demanda 265/2025 (contra la omisión del Congreso en legislar la reforma de transparencia). La Corte no le está dando la razón de fondo al gobernador, solo que estudiaran el fondo en la sentencia de la controversia”, dijo anoche.
bimc