El diputado del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Jhonatan Colmenares, propuso castigar de tres a ocho años de prisión, a quien robe un teléfono celular en la capital del país.
Ante el pleno, el legislador presentó una Iniciativa de Reformas al artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, debido a que el robo de teléfonos móviles o celulares ha crecido fuertemente en el país durante los últimos años, por la masificación de estos dispositivos y la creciente dependencia por esta tecnología.
Añadió que, en muchas ocasiones, se trata de aparatos con alto valor económico que además, puede ser vendido con facilidad por parte del delincuente o incluso ser utilizado para otros fines ilícitos.
Precisó que este delito no sólo significa una pérdida patrimonial, sino además pone en riesgo la información personal, familiar y laboral almacenada en el mismo, que incluso puede ser utilizado para la comisión de otros delitos como el secuestro, robo de identidad o extorsión.
Mencionó que en grandes ciudades como la Ciudad de México, han aparecido nuevos modus operandi que aprovechan las aglomeraciones en los medios masivos de transporte para despojar a los usuarios de sus celulares, rodeándolos y empujándolos para robarlos sin que éstos se den cuenta.
Aseguró que también en la vía pública se utilizan nuevos esquemas de robo aprovechando que los usuarios están distraídos al utilizar su teléfono.
Colmenares Rentería citó datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutiuh) 2020, según los cuales, del total de los 4.2 millones de usuarios de usuarios de telefonía celular, el 4.9% corresponde a niños de 6 a 11 años, el 6.9% de jóvenes entre 12 y 17 años, mientras que el 20.4% corresponde a adultos mayores de 55 y más años; siendo estos tres grupos la población más vulnerable.
En la iniciativa se explicó que el principal motivo para agravar la penalidad del delito se debe al uso de información y datos personales ligados a la intimidad de la persona que existen en el dispositivo móvil, lo que hace que las víctimas se vuelvan más vulnerables y susceptibles a ser sujetos de otros delitos.
“La sanción se tiene que ajustar a la nueva realidad en donde el uso del teléfono móvil juega un papel importante en la vida cotidiana de todos nosotros, ya que este dispositivo revela quiénes somos, qué hacemos, qué vemos, dónde estamos, cómo nos relacionamos, qué compramos, nuestras finanzas, nuestros gustos y preferencias; prácticamente revela nuestra hoja de vida”, asentó.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y posterior dictaminación.
ZNR