El gobernador Samuel García promovió este lunes un juicio para la protección de los derechos político-electorales que garantice su licencia para participar en la contienda presidencial y, a la vez, deje sin efecto el nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino.
De acuerdo al documento presentado por García Sepúlveda, acusa una persecución institucional y política del Congreso local en su contra, por lo que pide a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hagan valer sus derechos.
“Comparezco ante ustedes a presentar JDC con la finalidad de estar en condiciones de ejercer plenamente mi derecho a ser votado candidato a Presidente (…) con los derechos correspondientes al mismo, como licencia temporal que me corresponde”, refiere el escrito.
“Entre otras cuestiones”, impugna el gobernador, “el Decreto de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, en el que se nombra al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la referida entidad federativa como gobernador interino, y, se desconoce inconstitucionalmente al secretario de Gobierno de ese estado como gobernador interino, el cual había sido reconocido por el actor ante el Congreso Local, al solicitar su licencia por seis meses para separarse temporalmente del cargo de gobernador y participar en los proceso de la elección de candidato presidencia de Movimiento Ciudadano”, puntualiza.
El expediente fue turnado a la magistrada Janine Otálora, al tiempo que el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia fueron requeridos para que envíen la documentación del caso.
La semana pasada, en sesión del pleno, los diputados locales aprobaron licencia por seis meses a Samuel García para separarse del cargo y designaron como gobernador interino a Arturo Salinas Garza a partir del 2 de diciembre del presente año.
En tanto, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas desechó una demanda de amparo presentada por Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno, en la que solicitaba “la protección y suspensión por el posible destierro, exilio o deportación en contra de su persona y con ello impedir que pueda desempeñar el encargo encomendado a su persona como Encargado del despacho del Gobernador del Estado de Nuevo León”.
El 29 de octubre el juzgador federal desechó la demanda al considerar que el Congreso local tiene facultades para designar al gobernador interno y este lunes, al resolver la suspensión solicitada por Navarro, dejó en firme la resolución de Arturo Salinas.
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