Luego de que el Congreso de Nuevo León aprobara reformas para transferir el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Ejecutivo al Judicial, el gobernador Samuel García impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva organización de este órgano que ahora depende del Consejo de la Judicatura del estado.
A través de una controversia constitucional, García Sepúlveda demandó la invalidez del acuerdo general 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura de Nuevo León que, además de la nueva organización y funcionamiento del Instituto, también ordena la conclusión de Reynaldo Cantú Shay en el cargo de director de la Defensoría Pública.
Dicho acuerdo, aprobado durante la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del pasado 9 de marzo, también ordena a la Secretaría de Finanzas y a la Tesorería General del gobierno de Nuevo León transferir recursos financieros y la posesión o servicios contratados para el Instituto.
De acuerdo con los registros públicos de la SCJN, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será el encargo, en primer término, de determinar si esta impugnación del gobernador de Nuevo León cumple con los requisitos de legalidad para ser admitida a trámite y, de ser el caso, que pueda ser analizada por el máximo tribunal del país.
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