Al rechazar un freno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que se le negó la suspensión al Estado, la Comisión Anticorrupción del Congreso local inició el proceso de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García por no presentar el Presupuesto 2023.
Al reanudar la Comisión, que luego se declaró en permanente para analizar todo julio el caso, se estableció que no será aplicable la separación del cargo de García, pues eso es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la resolución final del procedimiento en carácter de destitución o en su caso inhabilitación.
“En caso de que esta Soberanía determine en el momento procesal oportuno por al menos las dos terceras partes de la Legislatura si ha lugar a procedimiento ulterior, no será aplicable la separación del cargo de dicho servidor público por ese solo hecho, ya que la determinación de la posible “separación del cargo” deberá corresponder únicamente al Tribunal Superior de Justicia en la resolución final del procedimiento en carácter de destitución o en su caso inhabilitación de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del citado artículo 203 de la ley suprema estatal”, acordaron.
Consideraron que la separación del cargo de forma anticipada, previo al agotar todas las etapas del procedimiento, podrían violar el artículo 14 segundo párrafo de la Constitución Federal.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, detalló que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, resolvió que no hay lugar para otorgar una suspensión al gobernador y provocar el freno del juicio.
“La corte fue clara y dijo que el procedimiento se puede seguir, lo único que no se puede hacer es separar del cargo al gobernador, ni a cualquier otro funcionario que se le esté haciendo juicio hasta que el tribunal cierre el proceso y lo separe del cargo. Nosotros podemos avanzar y no hay necesidad del engrose, él presentó esta semana una suspensión a que la corte le dé una suspensión y claramente dice no ha lugar (lo de la corte).
“Reanudamos el juicio político y esperamos avanzar el proceso de etapa de la investigación y es muy puntual y continua a avanzar. El gobernador siempre dice mentiras, lo que no queremos es que se viole con facilidad la Constitución como lo ha hecho en reiteradas ocasiones hay que dejar precedente”, señaló.
El Tribunal Pleno, añadió, determinó que la declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Nuevo León, sin la necesidad del engrose que contiene la opinión de los 15 ministros.
Con lo resuelto, dijo De la Fuente, deben Informar a la SCJN el avance y que procesos van a seguir.
Los diputados deben pasar en el Pleno por dos terceras partes este acuerdo y finalmente remitirlo al TSJ para su decisión final.
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