Diputados federales del PRI y PAN, apoyados por las bancadas locales, han presentado un nuevo juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusándolo de presuntas violaciones a la Constitución y a diversas leyes. Con este proceso, buscan iniciar el juicio en las últimas dos semanas de la legislatura, con el objetivo de destituirlo o inhabilitarlo.
Durante los asuntos en cartera de la Diputación Permanente del Congreso local fue leída la solicitud de juicio político promovida por Annia Gómez y José Luis Garza, diputados federales del PAN y PRI, respectivamente, la cual se turnó con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción para ser analizada antes de que concluya la actual legislatura.
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La denuncia de juicio político contra el Gobernador es por presuntamente violar al menos 18 artículos constitucionales y cinco artículos de leyes secundarias en siete hechos presuntamente probados, principalmente por siete resoluciones de la Suprema Corte y tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).
“Ha existido una conducta intencional del Gobernador por medio de acciones y omisiones, violando diversas normas, alterando el funcionamiento normal del Poder Legislativo (en los primeros 5 casos) y del propio ejecutivo (en los últimos dos casos electorales)”, argumentaron los promoventes.
Gómez y Garza señalaron que el gobernador, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), el Gobernador fue sentenciado por la Suprema Corte por no publicar el decreto de dicho órgano, pues la Corte determinó que el Mandatario vulneró contra el Congreso el “principio de división de poderes en el grado más grave que es la subordinación, dentro de la controversia constitucional 272/2022.
Respecto al caso de la no publicación en el POE, acusaron que el gobernador sigue violando la Constitución y subordinando al Congreso reiterando la misma conducta, señalaron que a la fecha no ha publicado al menos 23 decretos y más de 100 acuerdos legislativos.
Esto es aparte de los 56 decretos denunciados en un juicio político ya en curso por la Comisión Jurisdiccional.
En el caso de vetos, indicaron, el gobernador ha vetado decisiones del Congreso, pues la Suprema Corte al desecharle varias controversias constitucionales (341/2023 y 262/2023) sobre los vetos advirtió al Mandatario: “la intención del Poder Ejecu6vo local es paralizar el procedimiento legislativo y que esta Suprema Corte convalide cautelarmente una omisión (del ejecutivo de no publicar los decretos)” situación dolosa del gobernador que identificó el Máximo Tribunal.
Respecto al caso del gobernador interino, dijeron que la Suprema Corte y la Sala Superior del TEPJF sentenciaron al gobernador removiendo a su secretario general de Gobierno, Javier Navarro, como interino, reconociendo la designación realizada por el Congreso. (controversias cons6tucionales 487/2023 y 488/2023 y SUP-JDC-536/2023 Y ACUMULADOS).
En el quinto caso enlistado, respecto al presupuesto, indicaron que el gobernador ha incumplido con su deber constitucional por más de 8 meses de presentar el proyecto de egresos, pero no presentó el del 2023, ni 2024 y presuntamente eliminó los fondos municipales.
En cuanto al caso del uso indebido de recurso públicos, la Sala Superior del TEPJF sentenció al gobernador por realizar promoción personalizada, vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad y acreditar el uso indebido de recursos públicos durante su precampaña presidencial fallida.
Y por último, el uso de símbolos en propaganda electoral, la Sala Superior también advirtió al gobernador por usar símbolos religiosos prohibidos vulnerando el principio de laicidad -separación entre Estado e Iglesia-, en su precampaña presidencial fallida, calificando la conducta de grave.
Carlos de la Fuente, Coordinador del PAN, dijo que éstas últimas dos semanas darán el trámite correspondiente para abrir el juicio contra el mandatario, con la posibilidad de sumar todos los juicios políticos que ya están siendo analizados para llevar uno solo.
La idea, añadió De la Fuente, es que pueda alcanzar la destitución o inhabilitación por la cantidad de veces que presuntamente violó la Constitución.
“La destitución o inhabilitación por violaciones y esto es recurrente son siete violaciones y vamos a avanzar, los tiempos llevan un procedimiento difícilmente pueda terminar en esta Legislatura, pero si podemos comenzar”, advirtió.
De la Fuente dijo que, una vez resuelto por las Comisiones el juicio político, remitirán la decisión final al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que funja como jurado de procedencia y tenga la decisión final de destitución o inhabilitación de García.
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