Samuel García, gobernador de Nuevo León, vetó la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y sus Municipios, debido a que la considera como un impacto presupuestal a las finanzas estatales.
Esta reforma abre la posibilidad de privatizar el servicio de recolección de basura, además de la presunta desaparición del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode).
Según los asuntos en cartera de sesión ordinaria de Pleno del Congreso local, el gobernador envió su veto a la normativa citada porque representa un impacto al presupuesto, pues por una parte establece a la Secretaría de Educación la obligación de contar con contenedores para el depósito de residuos urbanos y de manejo especial.
“El Congreso impone a los organismos sujetos a la implementación de los sistemas de manejo ambiental, la utilización de productos compuestos parcial o total de materiales reciclables o reciclados y que los productos cuando sean desechados puedan ser retornados a los proveedores para su reutilización.
“No fue solicitada la intervención la Secretaría de Finanzas y Tesorería General Estado, que como se ha señalado previamente, es la dependencia competente para determinar la capacidad financiera del Estado, en relación con Evaluación del Impacto Presupuestario requerida, ni fue señalado de donde se obtendrán los recursos con los que se cubrirán las nuevas obligaciones financieras que se encuentran a cargo del Estado”, indicó el gobernador.
García explicó en su documento que Simeprode cuenta con una Planta Clasificadora, con cuatro bandas para la segregación de residuos sólidos urbanos, para su reutilización dentro de la economía, apoyando así a la economía circular cuyo objeto principal es garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano.
“Simeprode coadyuva a la reducción del impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizando el desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de materias primas vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño.
“Con las acciones realizadas en la Planta clasificadora también se garantiza que aquellos residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio ambiente, ello mediante el confinamiento final en el Relleno Sanitario de Salinas Victoria”, apuntó.
Aprovecha energía de la basura
Explicó que también se aprovecha el biogás que se genera de manera biológica por la fermentación anaeróbica de la materia orgánica, ello a través de un proceso de descomposición de los residuos sólidos que se confinan en las celdas del Relleno Sanitario, también en esta materia actualmente Nuevo León es referente a nivel nacional, pues esta planta de generación de energía es la que más kilowatts produce, mediante la aplicación de esta tecnología.
Dijo que se cumplió con los principios estatuidos por el derecho humano a una buena administración, ya que aunado al confinamiento final de los residuos, en estricto cumplimiento a las normativas ambientales, también se logra una economía circular y la generación de energía verde, circunstancias que traen consigo el beneficio de las personas que se encuentran en el Estado de Nuevo León.
Recolectores de basura protestan en Congreso
El 4 de septiembre, en medio de una protesta de trabajadores que alegaron retroceso de 30 años y amenazando que tirarían los desechos en las casas de los diputados, por mayoría, el Congreso de Nuevo León aprobó la Ley de Residuos que busca la privatización de la basura en Monterrey, pues Simeprode no se contempla como autoridad para recolectar la basura en los municipios.
El presidente del Congreso local, Mauro Guerra, consideró que la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y sus Municipios, permitirá reutilizar la basura que tenga un valor, y que vaya a parar a los confinamientos la menos cantidad posible de desperdicios.
Entrevistado por la plataforma MILENIO-MULTIMEDIOS, Guerra dijo que se faculta a los municipios a contar con estaciones de trasferencia en donde puedan separar la basura reutilizable y no se contempla afectar a terceros.
“Lo que hoy nosotros estamos haciendo es que el municipio que tenga la posibilidad de tener una planta de tratamiento, una planta de interconexión, para poder separar la basura que sea valorizable, lo haga; y el que no, seguirá haciendo lo mismo de ir a Simeprode".
rcm