En atención a la homologación que debe de existir a nivel nacional para crear programas que erradiquen la corrupción en el área de adquisiciones contra cualquier proveedor, el municipio de San Pedro Garza García presentó una iniciativa para que el estado de Nuevo León cuente con este tipo de herramientas.
De acuerdo con Mariana Tellez, Secretaria de la Contraloría y Transparencia del Municipio, y quién acudió acompañada del alcalde Miguel Treviño a la Oficialía de Partes del Congreso, lo que se busca es una reforma en el Código Penal del Estado precisamente para que cuente con programas en donde los proveedores y los funcionarios municipales sepan detectar prácticas de corrupción y erradicarlas de cualquier situación.
"Esta iniciativa que presentamos el día de hoy es una reforma al Código Penal del Estado que pretende tener programas preventivos en las empresas y en las organizaciones que hagan excluir, o que en caso de responsabilidades en materia de corrupción, hagan la responsabilidad de excluir a la empresa siempre y cuando tenga atención a estos programas de cumplimiento.
"(Con la reforma buscan) generar programas preventivos de delitos para que las personas morales puedan tener en el Código Penal facilidades para excluir sanciones en caso de que sean, a través de estos delitos, vinculadas a algún proceso penal.
"La iniciativa obedece a la homologación que debemos hacer a nivel nacional desde el año 2016, a la productividad que tenemos que trabajar nosotros con nuestros proveedores, con nuestros contratistas, fomentando esta corresponsabilidad en materia de corrupción y el municipio siempre ha tenido este tipo de iniciativas, como en sus modificaciones internas, Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, ya contempla esta obligación para proveedores y para contratistas de tener programas de integridad, en este caso, programas de prevención de delitos en materia penal", dijo.
Por su parte, el alcalde argumentó que la responsabilidad penal de personas jurídicas ha obedecido a exigencias internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención de la OCDE sobre Cohecho Transnacional, además en 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se establece un régimen de responsabilidades de carácter administrativo y penal para particulares que se encuentren vinculados con Faltas administrativas y hechos de corrupción.
Esta propuesta ya se aplica en otros estados, como Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Para el caso de Nuevo León, según datos del Consejo Cívico, en 2022 el 96.2 por ciento de los delitos investigados quedó impune, mientras que en 2021 fue de 93.7 por ciento.
cog