La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al gobernador, Samuel García Sepúlveda al desechar tres controversias presentadas contra la Ley de Coordinación Hacendaria y la Ley de Administración Financiera que aprobaron los diputados locales como parte de la disputa que sostienen desde hace meses.
En la sesión ordinaria del lunes, el ministro Javier Laynez y la ministra Norma Piña presentaron sus conclusiones sobre el tema, en las que consideraron que el mandatario estatal no publicó las reformas que pretendía impugnar por lo que fueron desechadas.
Se trata del expediente 269/2022 en el que García Sepúlveda se quejó de que los cambios a la Ley de Coordinación Hacendaria en la que se crea el Fondo para los Municipios de la Zona Periférica representaban una afectación presupuestal.
También el expediente 270/2022 donde argumentó que la Ley de Administración Financiera le impedía disponer libremente de los recursos excedentes. En este sentido, los diputados han señalado que el mandatario pretende mal utilizar hasta 12 millones de pesos, por lo que realizaron cambios en la legislación para que cualquier disposición de recursos extras tuviera que ser avalados por ellos.
Y finalmente, el recurso 271/2022 contra la Ley de Coordinación Hacendaria que crea el Fondo de Apoyo para los Municipios Metropolitanos.
Ayer mismo el gobernador Samuel García felicitaba a la nueva presidenta de la SCJN Norma Piña y subrayaba que el Poder Judicial tendría un papel importante para Nuevo León, con el contexto político de disputas que impera desde hace meses.
Fricción entre Congreso y Ejecutivo
Dichas controversias presentadas por el gobernador Samuel García nacieron de las recientes fricciones que han sostenido el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en los últimos meses en Nuevo León.
Ello debido a que el Congreso local puso candados al gobernador para limitarle el manejo de excedentes en el presupuesto, ya que el Legislativo acusó que Samuel García tenía la intención de malversarlos.
En tanto, García Sepúlveda también fue acusado por los alcaldes metropolitanos de “esconderles” o “jinetearles” el dinero proveniente de partidas federales, mismos que retiene primero el Estado y luego pasa a municipios.
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