La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el impuesto verde que el Gobierno de Nuevo León aplicaba por la extracción, explotación y aprovechamiento de materiales pétreos, al considerar que dicho gravamen invade facultades exclusivas de la Federación.
Con seis votos a favor y tres en contra, los ministros invalidaron los artículos 118 al 123 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, los cuales establecían el cobro por las actividades relacionadas con la extracción y aprovechamiento de materiales derivados de la roca.
El razonamiento de la Corte fue que dichas actividades están ligadas de manera directa a la explotación de recursos del subsuelo y la minería, cuya regulación corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión.
El amparo 592/2025 fue promovido por una empresa dedicada a la producción, fabricación y comercialización de productos de yeso, según dio a conocer la SCJN en un comunicado difundido ayer en su página oficial.
Aunque no se identificó a la pedrera por nombre o razón social, se detalló que la impugnación sobre el impuesto verde por la extracción de materiales pétreos previsto en la legislación estatal fue bajo el argumento de que dicho gravamen invadía la esfera competencial de la Federación.
Para analizar el asunto de fondo, la Suprema Corte “retomó tanto su propia doctrina como la desarrollada por la extinta Segunda Sala en torno a la diferencia entre las facultades concurrentes en materia ambiental y la potestad tributaria cuando se trata de actividades mineras sujetas a competencia federal”.
“(Se) concluyó que la explotación de minerales y sustancias reguladas por la Ley Minera abarca no sólo la extracción del recurso principal, sino también la remoción de los suelos o materiales de igual naturaleza a los componentes del terreno que son indispensables para acceder a los depósitos.
“Por ello, cuando un impuesto local grava la remoción o extracción de esos materiales en el contexto de actividades mineras, incide directamente en una materia reservada al Congreso de la Unión, por lo que resulta inconstitucional”, se indicó.
Los impuestos verdes en Nuevo León entraron en vigor el 1 de enero de 2022 y se dividen en extracción de materiales pétreos, emisión de contaminantes a la atmósfera, contaminación del agua y contaminación del suelo y subsuelo.
Hasta el momento, todos aquellos que generan algún impacto al medio ambiente en el estado deben cubrir el pago correspondiente a dicha actividad.
bimc