Tras bloqueo en la autopista Izúcar-Huajuapan: Segob cita a nuevas negociaciones por crisis en Acatlán de Osorio

La Secretaría de Gobernación (Segob) estatal ha convocado a una nueva mesa de diálogo para intentar desactivar la crisis política que mantiene en vilo al municipio de Acatlán de Osorio desde hace más de un mes. 

El conflicto, que enfrenta a la alcaldesa Guadalupe Bárcenas Lucero con un bloque de regidores, ha escalado hasta afectar la movilidad de toda la región.

Este nuevo llamado ocurre después de que un grupo de pobladores, encabezado por los propios regidores, bloqueara esta semana los accesos y salidas de la cabecera municipal sobre la carretera federal 190 Izúcar-Huajuapan, una de las vías más transitadas de la zona limítrofe con Oaxaca, de alta vocación comercial.

En un comunicado, la dependencia estatal calificó estas manifestaciones como acciones impulsadas por "intereses particulares" que ponen en riesgo la estabilidad del municipio y enfatizó la urgencia de retomar los acuerdos previos. 

“Se hace un llamado enérgico y respetuoso a ambos grupos políticos para superar sus diferencias y dar estricto cumplimiento a lo pactado, anteponiendo en todo momento el bienestar de la ciudadanía”, subrayó.

La reunión está programada para el próximo miércoles 5 de agosto a las 12:00 horas en las instalaciones de la Segob, ubicadas en Casa Aguayo, en el centro de Puebla capital. Desde la dependencia reiteraron su disposición a atender a todas las partes sin distinción, con el objetivo de encontrar una salida definitiva al enfrentamiento.

Origen del conflicto en Acatlán de Osorio

La disputa política estalló a mediados de junio de 2026, cuando los regidores impulsaron una sesión de cabildo para aprobar la revocación del mandato de la alcaldesa, señalándola por supuestas irregularidades en su gestión. 

La petición fue turnada al Congreso local, mientras la Segob asumió el papel de mediadora y el gobernador Alejandro Armenta pidió resolver las diferencias por la vía legal y pacífica, sin afectar a la población.

Como parte de los acuerdos iniciales, se logró la remoción de dos funcionarios municipales y se acordó aplicar una auditoría a los estados financieros del ayuntamiento. 

Además, los regidores se comprometieron a levantar las protestas frente al palacio municipal. Sin embargo, el acuerdo no se ha cumplido y la presión en las calles se ha recrudecido, manteniendo el conflicto activo y a la espera de un nuevo desenlace.

AGA