Aunque constitucionalmente no procedería, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó por segunda ocasión un veto a las tarifas sociales del transporte público, al argumentar que la propuesta no se ajusta a la realidad financiera y generaría un impacto presupuestal.
Alrededor de las 2:30 horas, Mauricio Treviño, integrante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, acudió a la Oficialía de Partes para entregar el documento del veto junto con la documentación correspondiente.
- Comunidad
Aunque se le cuestionó las razones, el funcionario no respondió.
El 11 de febrero, el Pleno del Congreso local acordó que el Gobierno del Estado implemente tarifas preferenciales en el transporte público para estudiantes, grupos vulnerables, y de manera general para las personas que lo utilizan.
En la reforma, a los artículos 183 bis, 183 bis 1 y 183 bis 2, establece que las tarifas sociales aplicables a los servicios y modalidades del transporte público urbano serán:
- Multiviajes: Se ofrecerá a los usuarios una tarifa menor para pases de 7 viajes, 20 viajes y 30 viajes teniendo vigencia de hasta 30 días hábiles.
- Tarifa de transbordos: Se ofrecerá a los usuarios una tarifa única para realizar viajes durante el día.
- Tarifa preferencial: Se otorgará como mínimo una tarifa del 25% de descuento para grupos vulnerables.
Así, el Comité Técnico, la Junta de Gobierno y el Instituto de Movilidad deberán proponer, autorizar y aplicar las tarifas sociales en un plazo de tres meses, es decir, a más tardar Mayo.
El decreto fue enviado al gobernador Samuel García para que lo publicara en el Periódico Oficial a más tardar el 21 de febrero, pero esto no sucedió.
El gobernador solo podría ir a la Suprema Corte para alegar impacto en las finanzas, sin embargo, presentó nuevamente las observaciones y éstas no podrían ser atendidas por el Congreso.
bimc