Silvia Tanús, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado de Puebla ha dado a conocer el censo real de concesionarios del transporte público, fijando la cifra oficial en 24 mil 730.
Este diagnóstico, fundamental para la modernización del sector, revela que un segmento significativo se encuentra fuera del proceso de revisión técnica obligatoria.
En este contexto, la dependencia ha establecido un periodo de regularización con sanciones económicas, pero advierte consecuencias mucho más severas para quienes sean sorprendidos en operativos viales sin haber cumplido con el trámite.
Concesionarios pueden pagar sus multa y regularizarse para NO perder la concesión
De acuerdo con los datos oficiales, 3 mil 137 concesionarios, lo que representa aproximadamente el 12.7 por ciento, del total, no han realizado la revista vehicular, un requisito indispensable para garantizar las condiciones mecánicas y de seguridad de las unidades que circulan en la entidad.
Ante esta situación, la SMT ha implementado una ventana de oportunidad para este grupo. Los concesionarios en rezago podrán acudir voluntariamente a regularizar su situación ante la dependencia, pagando una multa única de 19 mil 365 pesos.
Este procedimiento busca incentivar la regularización proactiva, permitiendo a los permisionarios ponerse al corriente con sus obligaciones y evitar sanciones mayores.
La medida pretende sanear el parque vehicular de forma ordenada, priorizando la seguridad de los usuarios y la integración de todos los actores al marco regulatorio.
Perderán la concesión quienes se resistan a pagar la multa
Sin embargo, la postura de la autoridad es firme respecto a aquellos que opten por eludir su responsabilidad.
La SMT ha sido clara al advertir que, si un concesionario en rezago es detenido en un operativo de revisión, las consecuencias serán considerablemente más graves.
En tal escenario, la sanción económica se incrementará sustancialmente, imponiendo una multa de 28 mil 740 pesos.
Pero la penalización no será solo monetaria. La consecuencia más drástica es la pérdida de la concesión, es decir, la cancelación del permiso para operar el servicio público de transporte.
Esta acción busca desincentivar la circulación de unidades en posibles condiciones inseguras y ejemplificar el compromiso de la dependencia con el cumplimiento estricto de la normativa.
La Secretaría de Movilidad de Puebla ha demarcado claramente el camino para los concesionarios irregulares: la regularización voluntaria con una multa definida representa la opción viable, mientras que la espera y el riesgo de ser detectados en operativos conllevan un precio prohibitivo que incluye la posible salida del mercado.
ERV