La Sala Especializada del Tribunal Electoral descartó que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, haya realizada actos anticipados de campaña al participar en eventos y publicaciones de candidaturas en el pasado proceso electoral, esto tras considerar que se trata de hechos futuros de realización incierta y que la efervescencia de la renovación presidencial no es ilegal.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció que Sheinbaum apareció en distintas notas periodísticas donde destacaron sus aspiraciones por la contienda presidencial, lo que podría caer en actos anticipados de campaña y vulneración en la contienda presidencial del 2024, lo que representa una ventaja indebida frente a otros aspirantes.
El proyecto declaró la inexistencia porque “las publicaciones denunciadas no se advierten manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo y/o un llamamiento directo al voto o a la existencia de expresiones equivalentes y funcionales que permitan inferir que en los mensajes exista alguna manifestación de llamado para votar a favor de Claudia Sheinbaum Pardo o al exposición de alguna precandidatura candidatura, partido o fuerza política con miras al proceso electoral federal 2023-2024”.
Sin embargo, la magistrada Gabriela Villafuerte expresó la necesidad de que ante las eventuales reformas electorales, se analice si lo que quieren es mayor regulación a la anticipación de aspiraciones o más libertad, pues dejó claro que no sólo no existe ilegalidad, sino que tampoco es novedoso.
Como ejemplo mencionó que en el proceso electoral presidencial 2017-2018, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió quejas desde el 20 de agosto de 2016, es decir, más de un año antes del inicio del proceso electoral que arrancó en septiembre de 2017.
“No es extraño este comportamiento, pero pareciera que cada vez se anticipan más, pero no es ilegal. Lo que hay que poner sobre la mesa es si los partidos pueden hacer mítines o estos eventos grandes y con gente, claro que de eso se trata, pero también me pregunto si se espera que inicie el protagonismo de ciertas personas, si la gente quiere ver esto como actividad en periodo ordinario de los partidos políticos porque eso nos lleva a recordar el porqué la regulación de la precampaña”.
Villafuerte aseguró que es necesario revisar las normas jurídicas, ya que, aún cuando no existe ilegalidad, en cada proceso es notable mayor anticipación en la presencia de actividades frente al relevo presidencial.
La magistrada además consideró que es importante que el legislador analice la diferencia que existe entre los aspirantes que buscan posicionar sus futuras candidaturas desde un cargo público.
El magistrado Luis Espíndola recordó que “más es menos” y que incrementar la regulación podría terminar coartando la libertad, por lo que consideró que lo que se requiere es una democracia más saludable y fortalecida lejos de inhibiciones o prohibiciones, para que la ciudadanía pueda escuchar las propuestas e ideas de quienes aspiran a cargos públicos.
Por lo que las magistraturas coincidieron en que hasta este momento, con la legislación actual, la Jefa de Gobierno no incurrió en ningún acto ilícito, señalaron que el proceso electoral presidencial comienza en 2023 y durante este periodo “pueden pasar muchas cosas”, por lo que no se le puede prejuzgar desde ahora.
Finalmente, la magistrada Villafuerte agregó que la denuncia del PRI incluye una pregunta machista que la prensa realizó a la jefa de Gobierno al cuestionarle si consideraba que “México ya estaba listo para tener a una mujer como presidenta”, lo que denota la falta de perspectiva de género por parte de los medios de comunicación.
FM