Después de la repentina renuncia del fiscal general estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, la propuesta del entonces gobierno de Aristóteles Sandoval en relación a una fiscalía autónoma que realmente ofrezca resultados de la mano con los principios que se establecen en la ley orgánica, tendrá que ser retomada.
Lo anterior refiere a la honestidad, prontitud, respeto a los derechos humanos y especialmente un proceso parcial en las resoluciones, puntualizó Rogelio Barba Álvarez, integrante del observatorio de seguridad y justicia de la Universidad de Guadalajara (UDG).
De acuerdo a Barba Álvarez, para poder ejercer realmente lo que dicta el artículo 21 constitucional, desde una percepción de una dependencia o autonomía financiera, es importante que las decisiones no estén únicamente sujetas a un gobernador, en este caso a Enrique Alfaro Ramírez, mandatario de Jalisco, quien envió un terceto en el que propone al fiscal ejecutivo Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Barba Álvarez insistió en que este acto es evidencia de que existe una fiscalía a modo del gobernador del estado, en el sentido de que las noticias malas no se escuchen a nivel nacional, debido a que recalcó que sus preferencias políticas y aspiraciones, sin embargo la seguridad pública no debe ser un saqueo, sino una preocupación.
“Creo que eso no es una preocupación de la fiscalía, porque como lo hemos visto en el trabajo deprimente que hizo el fiscal Solís, pues no atiende a las necesidades sociales que requiere, pues, Jalisco”, expresó Barba Álvarez.
Es importante que se “profesionalice” a los investigadores de la policía, así como a los ministerios públicos y tratarlos con salarios generosos que estén estrechamente relacionados con la disminución de la corrupción imperante, según Barba Álvarez, quien también añadió que desde hace años en la fiscalía se vive una corruptela imponente, y que el gobernador estatal está al tanto.
A través de la renuncia del fiscal de Jalisco, Barba Álvarez confirmó que significa una debilidad ante el crimen, y no se puede esperar un progreso ante la fiscalía, ya que no se ha podido resolver la criminalidad emergente o los orígenes básicos de las organizaciones delictivas, como es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ubicado en Puerto Vallarta, en la sierra del estado, en la frontera con Zacatecas y en Michoacán.
Por último, Barba Álvarez concluye en que el desempeño del fiscal general es de conformidades a nivel federal, municipal y estatal, cada vez que se enfrenta la delincuencia organizada y común, además de contar con una buena relación con el poder judicial para reducir la cifra negra en Jalisco, que se encuentra por encima del 90 por ciento, sin embargo, se requiere una política pública que pueda revertir estos números negativos.
AA