SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Una junta federal de supervisión extendió el sábado el plazo para que Puerto Rico presente su plan de reajuste fiscal para enfrentar su millonaria deuda pública, lo que le da tiempo para negociar con los acreedores e impide temporalmente posibles litigios.
La decisión de la junta representa "una muestra de confianza al proceder de nuestra administración, evidenciando que estamos actuando de una manera correcta, transparente y responsable", dijo el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en un comunicado.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico aprobó de forma unánime la extensión del plazo hasta el 28 de febrero, como lo había solicitado Rosselló la semana anterior en una carta.
El gobierno tenía hasta el 15 de enero pasado para entregar su plan fiscal y el 15 de febrero vencía la moratoria contra eventuales litigios por parte de los bonistas, pero Rosselló pidió la extensión de los plazos y mostró sus primeras acciones para reducir el gasto público.
La junta aprobó extender la moratoria contra litigios hasta el 1 de mayo.
Durante la cuarta reunión del organismo con representantes de la administración puertorriqueña, el titular de la misma, José Carrión destacó que el gobierno no podrá tomar préstamos a corto plazo para hacerse de liquidez.
Explicó que la extensión del plazo se debió a la intención manifiesta del gobierno para cumplir varias condiciones, como su compromiso de buscar alternativas para alcanzar el balance fiscal sin recurrir a nuevos préstamos, un protocolo de priorización de gastos y un mecanismo de colaboración con la junta y para el intercambio de información.