Alejandro Aguas, Marcelo Catarino y Lucio Sánchez forman parte de los 81 jornaleros que la PGR trasladó a un albergue debido a una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por sus malas condiciones de trabajo en un campo en el municipio de Matamoros.
Pese al abarrotamiento en sus dormitorios y la escasa comida, lo que más les preocupa es el hecho de que no les han otorgado un préstamo que les prometían en el contrato, además de que no saben cuándo podrán volver a casa, pues están en el albergue desde el viernes a pesar de que les informaron que solo se los llevarían por una hora.
Ellos contaban con ese dinero para sostener a sus familias en San Luis Potosí e Hidalgo, estados de donde provienen. Uno de ellos comentó que finalmente ayer pudo comunicarse con su esposa e hijos. “Mi familia me dijo que nomás ayer comió, ya no tienen dinero”, mencionó al dar cuenta de su situación.
Sus condiciones de trabajo podrían equipararse a las de hace dos siglos, pues solo podían adquirir sus insumos a través de una tienda de raya, mediante créditos y a precios elevados. Casi siempre comían alimentos fríos y dormían en colchonetas incómodas, alrededor de seis personas en un espacio de tres por tres metros. Trabajaban días feriados y domingos, ocho horas diarias por 150 pesos.
Hasta el momento, su patrón no ha respondido cómo procederá con respecto al incumplimiento de contrato, por lo que no saben cuánto tiempo más se extenderá esta lamentable situación.