WASHINGTON (AP) — México afirmó el viernes que aún considera posible que los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014 en Iguala hayan sido incinerados en un basurero, pese a que expertos internacionales ya rechazaron categóricamente esa hipótesis.
Al comparecer durante una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, señaló: "entendemos que se trata de una hipótesis que significa un terrible dolor, pero nos parece que ésta también debe ser una hipótesis de la investigación".
Un representante legal de las víctimas a través del CentroProDH, Mario Patrón, lo interrumpió advirtiendo que considerar válida la hipótesis conocida como "verdad histórica" significa rechazar las conclusiones emitidas por un grupo interdisciplinario de expertos internacionales, quienes tras más de un año de trabajo echaron por tierra la versión oficial y recomendaron a las autoridades mexicanas otras líneas de investigación.
Patrón dijo después de la audiencia a The Associated Press que si el Estado mexicano mantiene como vigente la hipótesis del basurero "echaría por la borda otras líneas de investigación. Si el gobierno sigue sosteniendo que el destino final de los estudiantes ha sido el basurero, ¿para qué los sigue buscando?"
El comisionado estadounidense James Cavallaro, quien presidió la CIDH hasta esta semana, indicó a la AP que "en los últimos meses, varias autoridades (mexicanas) han intentado resucitar esa hipótesis, pero hay que descartarla de una vez por todas. El grupo de expertos la descartó porque es físicamente imposible".
Cristina Bautista, madre de uno de los 43 desaparecidos, suplicó entre lágrimas a los funcionarios mexicanos culminar las investigaciones porque "no sabemos nada de nuestros hijos, y queremos saber la verdad". Varios parientes presentes coincidieron en cuestionar la veracidad de la información proporcionada hasta el momento por las autoridades mexicanas y expresaron su confianza en la intervención de la CIDH para el esclarecimiento del caso.
La CIDH convocó la audiencia cuatro meses después de que implementara un mecanismo para seguir el acatamiento que dé México a medidas cautelares relacionadas a la búsqueda de los desaparecidos, investigación criminal y la atención general a las víctimas.
La Comisión tiene la facultad de solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo, para quienes solicita protección a través de medidas cautelares.
El secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, dijo que su despacho ha realizado ya una visita oficial y dos técnicas a México, y señaló que el mecanismo tiene vigencia hasta noviembre de este año.
Los funcionarios mexicanos invitaron a la CIDH a una reunión de seguimiento previsto en abril en la sede en la capital mexicana.
La CIDH, órgano adscrito a la OEA, inició esta semana en la capital estadounidense su 161 periodo de sesiones.