El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió este viernes a Brasil, en una “medida urgente”, que garantice que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva pueda participar en las elecciones presidenciales de octubre, pese a que el ex líder sindicalista está preso por una condena por corrupción.
La solicitud del comité, para que Lula pueda “ejercer sus derechos políticos mientras está en prisión”, incluye el pedido de que el ex mandatario pueda tener acceso a los medios y contactos con miembros de su Partido de los Trabajadores (PT).
“El comité también le pide a Brasil que no le impida (a Lula) postularse para las elecciones presidenciales de 2018 hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan finalizado en procesos judiciales justos”, señaló el comunicado.
El pronunciamiento se dio como respuesta a una apelación presentada por el propio Lula este año ante el comité con sede en Ginebra, Suiza.
El organismo de derechos humanos de la ONU señaló que la “medida urgente para preservar los derechos de Lula” no implica que el gremio haya constatado una violación de esos derechos todavía, y subrayó que el caso está aún en estudio.
El veredicto final del organismo se espera para el próximo año. El Comité de Derechos Humanos de la ONU está conformado por expertos independientes y no por funcionarios de Naciones Unidas.
El gobierno de Brasil respondió diciendo que pasará la “recomendación” del comité al Poder Judicial.
“Las conclusiones del comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídico vinculante”, enfatizó la Cancillería.
El caso de Lula mantiene en vilo al país desde hace meses y sumó esta semana incertidumbre a las cruciales elecciones del 7 de octubre.
Pese a que el ex mandatario está preso desde abril por una condena a 12 años de cárcel por el caso sobre corrupción política Lava Jato (“Lavado de autos” en portugués), el PT inscribió el miércoles a Lula como candidato presidencial.
El ex jefe de Estado, celebrado por la gestión de sus dos gobiernos entre 2003 y 2010, es favorito en todos los sondeos pese a las acusaciones de corrupción, con hasta 30 por ciento de los apoyos.
Se espera que en las próximas semanas el Tribunal Superior Electoral excluya la candidatura de Lula debido a sus problemas con la justicia.
La defensa de Lula da Silva aseguró ayer que “todos los poderes” de Brasil tienen que acatar la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
“Brasil tiene que respetar esa decisión porque tiene efectos vinculantes sobre todos los poderes y órganos de Brasil”, aseveró el abogado Cristiano Zanin Martins en una rueda de prensa en Sao Paulo.
Los abogados de Lula insistieron en que “no se trata de una recomendación”, ni “es opcional” y que Brasil está “obligado” a cumplir ese dictamen pese a que el gobierno insiste que no es vinculante.
“Es una decisión proferida por un órgano reconocido por el Estado brasileño, por medio de un decreto y por tanto debe ser cumplida. Es una decisión mandataria y que no comporta ningún tipo de cuestión u opción de no cumplirla”, aseguró Zanin Martins.
“No hay excepción, todos están obligados y la fuerza vinculante es para todos los poderes y órganos estatales”, manifestó, al tiempo que aseguró “tener mucha claridad” sobre la “obligatoriedad” de la decisión.