El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) emitió la resolución 64/292, en la que se reafirmó que el agua potable y el saneamiento son elementales para los derechos humanos, por lo que se exhorta a los estados "a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos".
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (Inegi) contabilizó un millón 692 mil 181 habitantes en Puebla capital y sus 17 juntas auxiliares cuando realizó el Censo 2020; sin embargo, más del 13 por ciento no tiene agua potable o sufre déficit en la prestación del servicio.
De acuerdo con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), 231 mil 329 habitantes en las 17 juntas auxiliares de la capital poblana viven en la incertidumbre y, bajo sus propios medios, consiguen agua potable para subsistir.
Y es que son varias las colonias que están adscritas a comités de agua independientes a los polígonos de Concesiones Integrales S.A. de C.V. o Agua de Puebla, la empresa que desde mayo de 2014 se encarga de abastecer agua potable en la capital y algunas áreas territoriales de Amozoc, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Ocoyucan.
Poblanos destinan hasta mil pesos para comprar pipas de agua
Pese a que en noviembre de 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU aseveró, a través de la Observación número 15, que cada individuo en el mundo tiene derecho a agua "suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico", la realidad que atraviesa la junta auxiliar de San Miguel Canoa, al norte de Puebla capital, en las faldas de La Malinche, da muestra de todo lo contrario.
Dicha junta auxiliar, cuya población es indígena y de alta y muy alta marginación, lleva más de un año sin suministro de agua potable debido a una deuda del Comité de Agua con Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En noviembre de 2022 el edil auxiliar de Canoa, Paciano Ruperto Pérez Lima, reveló que la deuda asciende a más de 12 millones de pesos y no hay fecha para solventarla, pues aunque la población pagaba 20 pesos al mes por tener agua en sus casas, el dinero recaudado hizo insuficiente pagarle a CFE por la electricidad empleada para operar el pozo de la comunidad.
A decir del Soapap, son 16 mil 747 las personas en San Miguel Canoa que actualmente no tienen agua potable de manera regular, aunque según las estimaciones de la autoridad auxiliar la cifra rebasa las 30 mil, mismas que se ven obligadas a obtener agua potable a través de pipas.
Un recorrido realizado por Grupo MULTIMEDIOS en la Primera y Segunda Sección confirmó lo dicho por algunos habitantes, quienes acusaron que los piperos elevaron hasta 600 por ciento el costo de una carga con 10 mil litros, aprovechando que el pozo está en desuso y que este recurso es indispensable para tareas elementales, como el aseo personal, el uso del sanitario o el lavado de ropa.
"Todas las semanas tenemos que ahorrar de a 100, de a 200 para ir pagando la pipa, ya el dinero nada más se nos va en eso", señaló la señora Mabeli Conde Flores, de la Primera Sección de San Miguel Canoa, quien dijo que el servicio de pipa de agua llega a tener alta demanda.
Mabeli indicó que en su casa viven 10 personas y el único que paga la pipa es su esposo, ya que sus suegros son mayores de edad y sus hijos siguen estudiando. Cada mes se ve obligada a pagar por 10 mil litros de agua, lo que le ha hecho pensar en mudarse a otras localidades que sí tengan agua.
Caso no muy distinto al de la señora Gloria Paula Zepeda, también de la Primera Sección, quien apenas puede lavar una vez a la semana o quincena según vaya suministrando el recurso que adquiere a base de pipas.
Ella se pronunció a favor de que todos los habitantes cooperen una cuota equitativa para que la deuda del Comité de Agua de San Miguel Canoa con CFE quede saldada y se restablezca el servicio, pues llevan más de un año bajo esas condiciones y no sabe por cuánto tiempo más podrá seguir así.
"Ya habíamos quedado que todos íbamos a poner el dinero para pagar, pero no todos quieren, no todos están de acuerdo. Yo sí había pagado mis 3 mil pesos porque sale más barato eso que seguir pagando pipas de mil pesos por mes, pero hay gente necia que no lo entiende y a los que pagamos terminaron por devolvernos el dinero. Necesitamos que el gobierno haga algo".
De mientras, algunas casas de la Primera Sección se han conectado a un manantial que surge en una barranca de La Malinche. Pagan 20 pesos al mes y les permite captar agua de lluvia o deshielo para uso doméstico, lo que alivia un poco la carencia del recurso; sin embargo, a falta de acuerdos, la realidad es que las instalaciones del Comité de Agua de Canoa continúan cerradas y el pozo de la comunidad en desuso, dejando en la incertidumbre el abastecimiento del recurso, que de por sí ya era escaso y apenas caía dos veces por semana.
Pese a lo anterior, información que Soapap entregó a MILENIO permitió identificar que San Miguel Canoa, La Resurrección o San Sebastián Aparicio no son las juntas auxiliares con más habitantes sin suministro de agua regular al estar conectados a comités, pues Agua de Puebla carece de operaciones en Santo Tomás Chautla, Santa María Guadalupe Tecola San Baltazar Tetela y San Andrés Azumiatla, todas en la ribera de la presa de Valsequillo.
No obstante, la mayor cantidad de poblanos fuera de tomas conectadas a Agua de Puebla está en San Francisco Totimehuacan, con 45 mil 212; San Pablo Xochimehuacan, con 40 mil 763; y San Jerónimo Caleras, con 25 mil 643, donde la concesionaria sí tiene redes de suministro pero han proliferado los asentamientos urbanos irregulares, lo que obliga a las familias a solicitar pipas, edificar pozos ilegales o "huachicolear" el agua directamente de los mantos acuíferos del subsuelo, agravando la escasez de agua que se avecina en la capital a mediano y largo plazo.
GO