La relación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los call center donde desaparecieron ocho personas a partir del 20 de mayo, en Zapopan, es una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Jalisco y es que, existe un esquema de fraudes a través de la compra y venta de tiempos compartidos en las que participan varias empresas vinculadas con una célula de este grupo del crimen organizado.
El 27 de abril, una red de fraudes fue denunciada por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, misma que podría tener relación con lo antes mencionado. Además de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), una de las figuras centrales en este esquema es Eduardo Pardo Espino, quien encabeza una red de casi una veintena de empresas y otros seis operadores —entre ellos sus hombres de confianza: Brayan Moisés Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla— dedicada a defraudar.
Pardo también es señalado por tráfico de metanfetamina y fue designado por el gobierno estadunidense como traficante de drogas este 2023. El delincuente, quedó en la mira de las autoridades estadunidenses, quienes además han identificado que son al menos tres mandos del cártel quienes reciben el pago de sus servicios a través de la red de empresas.
“Con esas compañías se hacían pagos directos a miembros del cártel (…) de alto rango”, dijo un funcionario de la Oficina para el Control del Bienes Extranjeros del gobierno estadunidense a MILENIO, bajo condición de anonimato.
Las cabezas de la organización y principales beneficiarios del esquema son Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas; Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma; y Francisco Javier Gudiño Haro, La Gallina, narcotraficantes y líderes del CJNG designados por las propias autoridades de Estados Unidos en abril de 2021, y quienes operan desde Puerto Vallarta.
Según la OFAC, “hay un control directo de los miembros del cártel sobre las redes específicas”, por lo que las autoridades han comenzado a “rastrear el dinero en reversa, desde el chico malo hacia sus empresas y después hacia cómo consiguieron el dinero”.
Además, de acuerdo con el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, solo en 2022 hubo al menos 600 víctimas, la mayoría de ellas personas de la tercera edad originarias de Estados Unidos y Canadá, lo que ha dejado ganancias para el cártel por casi 40 millones de dólares.
Desde 2016, el gobierno de Jalisco ya tenía en la mira esta red con la que el CJNG se había diversificado para fortalecer sus finanzas.