Claudia Sheinbaum presentó su primera declaración patrimonial y de intereses como la Presidenta de la República Mexicana, en la que declaró todas sus propiedades, desde vehículos, casas y sus ingresos como mandataria del país en este año.
Esta sería la primera declaración por parte de Sheinbaum durante su sexenio, y TELEDIARIO te cuenta todos los detalles sobre lo mostrado en el documento.
Primera declaración patrimonial de Claudia Sheinbaum
En el documento, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que es propietaria de un departamento con un valor de más de dos millones 700 mil pesos, así como de un vehículo Aveo.
La declaración fue presentada ante la Secretaría de la Función Pública, y en ella la mandataria reportó tener un sueldo neto mensual de 134 mil 290 pesos por su cargo público, aclarando que no tiene otros ingresos.
En cuanto a bienes inmuebles, Sheinbaum Pardo expuso que es dueña de un departamento de 100 metros cuadrados, el cual adquirió en compraventa a través de un crédito, el 3 de diciembre de 1999. Además, señaló que el 15 de octubre de 2012 compró un Aveo 2013 de General Motors Chevrolet, el cual adquirió de contado en 164 mil 900 pesos.
La presidenta de México también reportó que tiene una cuenta de cheques, un fondo de inversión y una tarjeta de crédito sin adeudos, en el banco BBVA Bancomer. Sumado a esto, expuso que tiene el ocho por ciento de las acciones de una empresa que se llama “Eli cami cia”, de la cual no recibe remuneración por su participación.
Esta empresa pertenece al sector de la industria manufacturera y radica en el Estado de México. Así mismo, cuenta con el mismo porcentaje de acciones en la empresa “Sintacrom de México”, ubicada en el estado de Guanajuato, de la cual tampoco tiene remuneraciones, y también pertenece a la industria manufacturera.
¿Qué es la declaración patrimonial y de intereses?
Funciona como uno de los mecanismos de prevención e instrumento de rendición de cuentas que regulan la función pública. Con ella, se obliga a todas las personas servidoras públicas a realizar un informe de su patrimonio según lo marca el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reglamenta por Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Su principal objetivo es conocer la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas y así determinar la congruencia de los ingresos y egresos reportados. Con esto se puede prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento inexplicable o injustificado por parte de personal gubernamental.