Durante dos años la asociación “Justicieras por nuestras Infancias en Coahuila” han documentado casos y argumentan la necesidad de una legislación que permita la alerta por la infancia ante los casos de violencia sexual que ocurren en la entidad, mayormente en Laguna y Sureste de la entidad, refirió Ariadne Lamont, activista y fundadora de la asociación.
"Tenemos dos años trabajando en el documento porque quiero que sepan, cualquiera que escuche ‘Aridane va a pedir la alerta por los derechos de las infancias, eso no existe, y sí es cierto no existe ese procedimiento’. Esto quiere decir que tenemos que empezar desde el primer escalón, fundamentar nuestro documento y llevarlo a las instancias que les corresponde legislar como el Congreso de Diputados para que ellos pudieran legislar porque no existe en ningún lugar a la ciudadanía este recurso, creemos que va a ser un proceso largo", comentó la activista.
La asociación busca que las infancias de Coahuila estén protegidas, se prevenga y en su defecto se castigue conforme a le Ley.
"Hay una estadística conocida que dice que de cada 1000 casos solamente se denuncian 100 y de esos 100 solo 10 llegan ante el juez y de esos, solamente uno es el que recibe sentencia, es decir hay una impunidad de 99%; muchos casos de violencia sexual se resuelven por procedimiento abreviado, que es otra forma de hacer justicia, pero muchas víctimas no les gusta este procedimiento abreviado, porque no se van a juicio oral”, dijo.
"Cada vez que salen los datos que trae el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada 25, lo podemos corroborar y podemos ver que en Coahuila hay muchos casos de violencia sexual contra niños y niñas, pero esto tiene como varias aristas, una es que sucede la mayor parte en las familias y estas tienen que saber que aunque el agresor sea el que aporta el dinero para el sustento de la familia tiene que denunciarlo", indicó Ariadne Lamont.
Los delitos sexuales contra menores de edad ocurren también en planteles educativos, donde la omisión es de la Secretaría de Educación, donde no se aplica el protocolo respectivo.
"Los casos también suceden en el sector educativo, la Secretaría de Educación tiene un protocolo para aplicarlo en un esas situaciones, lo que yo veo es que no siempre lo aplica, porque las directoras y directores de las primarias dicen 'no es nuestro problema, no te metas' le dicen a la maestra y es raro quien se mete; sí hay gente, inspectoras y maestros que se logran interesar en el caso a favor de la criatura, pero no siempre es así; más bien como que veo que esta institución, esa secretaría va tratar de guardar las formas para que no haya como escándalos", puntualizó la fundadora de Justicieras por Nuestras Infancias en Coahuila.
JVS