Desde la agrupación civil ‘Justicieras por Nuestras Infancias’ y en voz, una de las fundadoras y activista, Ariadne Lamont, piden que los abusos sexuales en infancias y adolescencias sean juzgados con perspectiva de género y de la víctima, y no desde una perspectiva androcéntrica o falocéntrica que termina beneficiando al presunto responsable que puede acogerse a un procedimiento abreviado que lo hace acceder a una tercio del total de la pena que le corresponde, así lo explicó la activista Lamont.
La abogada externó que para fijar la pena, las autoridades toman en cuenta factores como si hubo o no copulación, pero se debe modificar desde el poder legislativo para que se dé prioridad al daño causado a la víctima.
“Los tocamientos o la exhibición de un abuso sexual a un niño, que lo hagan ver material pornográfico, o que sostengan relaciones delante de un menor de edad, aunque no haya cópula, daña de la misma manera. Y eso lo pueden demostrar en un peritaje, no hace falta una cópula para que el niño o la niña tenga una distorsión del libre desarrollo de la personalidad”, señaló la activista.
En su experiencia como acompañante y asesora jurídica de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, señala que no siempre se informa adecuadamente a la familia de la víctima, les hacen creer que si no aceptan el procedimiento abreviado puede quedar sin condena y si lo aceptan al menos pasará unos años en cárcel, pero eso lo calificó de coaccionarlos o infundirles miedo.
Actualmente, ‘Justicieras por Nuestras Infancias’ acompaña a 12 casos de abuso sexual en diversas modalidades, desde tocamientos hasta violaciones consumadas; el daño en ambos casos está ahí y las autoridades tienen tarea pendiente en la no revictimización, en garantizar la reparación de daño moral, emocional o psicológico para la víctima y sus familias, concluyó la activista.
KM