Denuncias e investigaciones que no progresan, agricultura detenida en el sur del Estado y miles de familias sin el suministro de agua potable en el Área Metropolitana, ese es el escenario de Nuevo León, sumergido en una crisis hídrica; una muerte anunciada desde hace años.
Las autoridades del gobierno anterior detuvieron proyectos polémicos en una lucha por el agua que nadie ganó, heredando una grave problemática y castigando a casi 6 millones de habitantes y contando.
La primera alarma se activó el 15 de abril de 2020, cuando el gobierno de Jaime Rodríguez advirtió que el Estado se encontraba a un paso de entrar en contingencia por falta de agua, pero aun así, dejó que el abasto dependiera de las lluvias y no creó infraestructura para captar el líquido.
El entonces director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, utilizó a la pandemia provocada por el covid-19 para justificar la crisis de agua en Nuevo León, al revelar que el consumo de agua creció de 30 a 35 por ciento por persona.
La paraestatal aparentemente se mostró solidaria con los neoleoneses. Para el 22 de marzo se comprometió a no reducir el servicio a usuarios domésticos y a no cobrar un mes a los negocios sin operar, sin embargo, las reservas de agua ya estaban próximas a terminarse y Garza responsabilizó a los ciudadanos.
Más tarde se admitió que el almacenamiento de agua en las tres presas de Nuevo León había descendido debido a la falta de lluvias y que la construcción de la presa Libertad, obra insignia del entonces gobernador Jaime Rodríguez, no se resolverá en ese año.
La ola de corrupción que se vivió durante la pasada administración fue exhibida al ingreso del gobierno actual. Agua y Drenaje de Monterrey estuvo bajo investigación ante la presencia de una mafia al interior.
El 7 de octubre, ya el gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló que, al llegar, los trabajadores de la nueva administración se encontraron con gente armada en las direcciones de Operaciones y Comercial, quienes sacaron cajas con papelería y no querían abandonar las instalaciones hasta que fueron retirados con la fuerza pública.
Más tarde se dio a conocer que Juan Carlos Pulido Quintanilla, director de Operaciones, era "El jefe de la mafia de Agua y Drenaje de Monterrey", responsable del mal manejo de la paraestatal.
El Estado atribuyó que Pulido Quintanilla incurrió en actos de corrupción e implementó un sistema denominado "Sap" para borrar evidencias, situación que golpeó a los usuarios que comenzaron a recibir cobros excesivos o "al tanteo".
Días después, el 25 de octubre, se reveló que dentro de la investigación a la Administración estatal en Agua y Drenaje en Monterrey, se encontró que una empresa ligada al ex director de Operaciones, Juan Carlos Pulido Quintanilla, posee unos 90 autos de lujo, comprados por una "mafia" que no tenía los ingresos legales suficientes para adquirirlos.
El gobernador Samuel García declaró que la compra demostró enriquecimiento ilícito, pues el cabecilla de esa red ganaba alrededor de 48 mil pesos mensuales, por lo que la existencia de esas unidades que no han sido localizadas era ilegal.
García indicó que incluso las irregularidades en Agua y Drenaje de Monterrey iban en las obras de reparación.
Este año inició con el despido del director de Operaciones, Ingeniería y Saneamiento de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM), Florentino Ayala Vázquez.
Dos días después se informó que Ayala Vázquez era investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, luego de dos denuncias penales presentadas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado.
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