Familiares de una mujer saltillense denunciaron públicamente la presunta utilización del sistema judicial en favor de Roberto ‘N’, presunto agresor de Linnet, quien está en un juicio de divorcio que sigue en proceso abierto y expusieron que se le retiró la guardia y custodia de sus hijos debido a las influencias que tiene el presunto agresor al ser hijo de un ex funcionario público estatal, de ahí que piden igualdad y apego a derecho en el abordaje de su caso.
El padre de Linnet, José Luis Serrano Toledo, dijo que la celeridad que dieron al juicio de divorcio de su hija y al acuerdo de guardia y custodia, le llamó la atención porque se le negaron estudios para conocer el apego de los niños hacia sus padres, la detección de violencia, situación económica, entre otros aspectos.
Pidió que el caso de su hija sea abordado con estricto apego a derecho y perspectiva de género por el bien de sus nietos.
“Cuando ella le da entrada, recomienda al centro de atención psicosocial cuya directora es Marta Flores, que haga la evaluación de los hechos característicos en donde se busca si hay arraigo, cuál es la situación económica de ambos cónyuges, si no hay violencia física o psicológica”, señaló José Luis Serrano.
Poder Judicial asegura que hay atención apegada a derecho
El poder judicial de Coahuila reconoció que el hijo de un ex funcionario sí tiene denuncias por diversos tipos de violencia y se ordenó el cese de las mismas, pero aseguraron que se brinda la atención apegada a derechos a ambas partes en el proceso de divorcio y obtención de guardia y custodia de los hijos, que hasta el momento la juez Cristina Aguirre determinó darla de manera provisional al señor Roberto ‘N’.
Y a través de la juez María Eugenia Valencia, magistrada adscrita a la sala colegiada del Tribunal Superior de Justicia, se explicó que el caso en el juzgado familiar está detenido por un amparo indirecto que promovió la propia señora Linnet, quien pelea recuperar a su hijo e hija y que efectivamente fue víctima de violencia por parte del señalado, y que el caso se abordó en los juzgados especializados para violencia contra la mujer donde se ordenó al presunto agresor el cese de la violencia pero se le dejó intacta la guardia y custodia porque fue determinado por la juez familiar.
"Se ordenó el cese de violencia, pero la guardia y custodia de alimentos se respetó, lo determinado por la juez familiar y esto se hace para que no haya resoluciones contrarias. Contra estas resoluciones ha habido impugnaciones por parte de los abogados de la parte de la señora demandada y se promovió un amparo directo el cual no prosperó por cuestión de competencias. Se mandó a un juzgado de distrito y en principio está suspendida la jurisdicción de la juez”, señaló la magistrada.
"Esto quiere decir que la juez no puede actuar hasta que regresen esos autos o expediente original, no se ha resuelto en el juzgado de distrito por eso la juez no tiene el expediente físico para poder actuar o continuar con el trámite. De alguna forma lo que yo quiero explicarle es que la atención se ha dado por igual a las partes, no hay tráfico de influencias, créame que aquí generalmente en estos asuntos tan sensibles lo que siempre al estado le interesa y a los juzgadores es el bienestar de los menores", aseguró.
¿Qué es el tráfico de influencias?
Se le conoce así a la práctica ilegal en la que las personas utilizan la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales con el objetivo de obtener favores o trato preferencial por el puesto que desempeñan, tal como ocurre en el caso anterior.
Con información de redacción...
KM