El oso negro de alrededor de 7 meses que fue baleado y por consecuencia perdió la movilidad de sus patas traseras, sigue bajo revisión médica mientras un grupo de expertos realiza pruebas para determinar si es necesaria una intervención quirúrgica.
La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que al osezno se le tomaron radiografías y se hizo una prueba de sensibilidad superficial de la parte afectada, resultando negativa.
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También le realizaron una tomografía en una clínica privada, donde los médicos obtuvieron con mayor claridad las lesiones provocadas por el proyectil en la columna vertebral, pero aún queda una prueba más.
La dependencia estatal indicó que los resultados de los estudios han sido discutidos entre especialistas y miembros de la sociedad civil.
“Queda aún una prueba por hacer que es sobre la posible sensibilidad profunda. El día de hoy, lunes 17 de octubre, concluirá la valoración de si la parálisis se puede o no revertir mediante una intervención quirúrgica. En el caso de que sea posible se hará la intervención con el mejor neurólogo veterinario disponible para intentar regresar la movilidad al osezno. Si esto no es posible también se informará al público”.
Oso caminaría hacia su familia
Personal de Parques y Vida Silvestre y de la Profepa capturaron al pequeño oso tras reportes que el 7 de octubre fue visto arrastrándose con dificultad, apoyado en sus patas delanteras, en dirección hacia su madre y hermano, que los esperaban al tratar de ocultarse, junto a una casa de lámina.
El 12 de octubre se indicó que el ejemplar sufrió una lesión vertebral y parálisis del tren posterior provocada por una bala.
Interponen denuncia ante FGR
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por el daño al oso.
La procuraduría dio a conocer que la denuncia va dirigida en contra de quien o quienes resulten responsables de la comisión de ilícitos ambientales en la materia, quienes podrían ser acreedores a una multa de hasta 7 millones de pesos y una pena de hasta 9 años de prisión.
Este lunes, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León también interpondrá una denuncia ante la FGR para iniciar una investigación.
rcm