En San Pablo Xochimehuacan, familias afectadas buscan recuperar la vida cotidiana que llevaban antes de la explosión del 31 de octubre del 2021. A casi un año, los detenidos por el siniestro no han sido sentenciados, los domicilios entregados a las víctimas no están en óptimas condiciones y el miedo abunda entre los damnificados.
El saldo de esta tragedia fue cinco personas muertas, 11 heridos, 54 casas destruidas y la evacuación de 2 mil personas de la zona. Las cicatrices de las víctimas aún están al rojo vivo, como en la familia López Barrera, quien vio perdido el patrimonio que construyó por más de 45 años.
“Yo cuando salí y veía todo cerrado, con neblina. Decía: ‘a lo mejor lo van a controlar’, porque no sabíamos lo que estaba pasando. Solo corríamos y todos lloraban, no sabíamos a dónde ir”, relató en entrevista para MILENIO Puebla, Micaela Barrera, madre de familia que en un principio mantenía las esperanzas en que la catástrofe no fuera mayor, pero la realidad fue peor de lo que pensaba.
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“Llegó mi nieto y me dijo: ‘Abuelita, vieras tu casa, se cayó’. Empezamos a llorar porque se había caído nuestra casa, eso es lo que recordamos. Ahí se fue toda nuestra vida”, contó con lágrimas.
Cabe señalar que hace dos meses, la familia López Barrera recibió por parte del gobierno estatal una nueva casa de una planta ubicada en San Pablo Xochimehuacan, a escasas calles de la “zona cero” de la explosión. No obstante, detalles como mala instalación de tuberías, falta de servicios como el calentador solar, protecciones del predio y el paquete que se les prometió (tanque de gas, refrigerador, licuadora, vajilla, sartenes o batería de cocina, cubiertos, vasos y de más enseres) no ha llegado después de un año.
En el hogar López Barrera, anunciado con una gran placa del gobierno en la fachada, parte de los integrantes de la familia poblana duermen en el piso, han solicitado préstamos para arreglar tuberías, pero también han sido víctimas de robos, por lo que doña Micaela ha recurrido a bolsas de hielo para guardar su medicamento. La mitad de su familia tuvo que mudarse a otras zonas por el reducido espacio del inmueble.
Aún sin justicia tras los hechos en Xochimehuacan
Las familias de Xochimehuacan no solo se han enfrentado a la pérdida de patrimonio, pues a un año de lo ocurrido, los siete detenidos y vinculados a proceso: José Agustín “N”, presunto líder del grupo de huachigaseros; Gustavo “N”, Jair “N”, El Yayo, Ricardo “N”, Miguel Ángel “N”, Roberto “N” y Antonio “N” no han recibido una sentencia por su presunta relación en los delitos de homicidio calificado, lesiones, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, incendio y otros estragos, así como encubrimiento por receptación.
Ante la cuestión legal de los implicados, los afectados solo piden a las autoridades que “no los dejen salir, que paguen por lo que hicieron” e incluso, buscan la posibilidad de que los delincuentes involucrados paguen el daño material que cometieron en su contra a través del robo de hidrocarburos.
De acuerdo con Pemex, en 2021, Puebla reportó un total de mil 534 tomas clandestinas de hidrocarburo y mil 462 tomas de gas LP. Estos eventos costaron un total de 86.3 millones de pesos en reparaciones, pues controlar una toma clandestina tiene un costo cercano de 28 mil 335 pesos en casos menores.
Durante el primer semestre de este 2022 y posterior a la explosión en Xochimehuacan, el número de tomas clandestinas de gas LP fue a declive, tras reportarse un total de 338, lo que representó una disminución de 60 por ciento en el número de reportes.
Municipios como San Martín Texmelucan, Acajete y Los Reyes de Juárez encabezan la lista municipal de zonas con robo de hidrocarburo con 76, 47 y 32 tomas clandestinas respectivamente.
Sin embargo, aunque el robo de combustibles ha disminuido, Marisol López señala que en San Pablo Xochimehuacan la comunidad advierte sobre un olor a gas en el ambiente, en especial durante las noches.
“Yo no sé si ya sea nuestro trauma de todos, pero incluso yo he olido a gas. Creemos que siguen robando el gas en las casas que no han demolido y tenemos miedo, ya nos quitaron todo una vez y ahora podrían quitarnos hasta la vida si las autoridades no atienden ese tipo de cosas tan peligrosas”, finalizó.
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