Lilia Ruiz Chávez es una de las sobrevivientes de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el barrio de Analco, Guadalajara, cuyo percance la dejó sin su pierna izquierda y con daño en la derecha, además de hernias en vértebras cervicales y por ende, desviación de columna.
Hace tres años que la atención médica que recibe Lilia a través del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social ha sido inconsistente y poco eficiente, de acuerdo a la misma víctima.
- Comunidad
“La atención médica se ha ido hacia abajo. No hay ahorita quién nos resuelva lo de estudios clínicos, porque nos dicen que ahorita no están autorizados. Que no están autorizados en esta administración”, manifestó Lilia.
Como presidenta de la Asociación 22 de abril en Guadalajara A.C., Lilia ha documentado que a los 58 damnificados que conforman el fideicomiso se les ha negado medicinas en diversas ocasiones y el consultorio “22 de abril”, que se encuentra en el Hospital General de Occidente, no está operando de forma regular.
La mujer también mencionó que el fideicomiso del gobierno de Jalisco tampoco ha querido cubrir los aparatos ortopédicos que algunos requieren.
“No nos dan aparatos ortopédicos, tenemos pidiendo sillas para bañar, los que no pueden entrar al baño. No nos lo han autorizado”, explicó Lilia.
Esta asociación ha denunciado que la pensión mensual que reciben no ha sido actualizada a tres salarios mínimos, además, a lo largo de esta administración les han cobrado los servicios funerarios a los que todos los damnificados tienen derecho, y que en teoría debería cubrir el fideicomiso.
“Empezaron a cobrar cantidades extras, primero eran siete mil, después fueron 14, después fueron 18, después 19. Al último, un compañero que falleció, ya le cobraban 27 mil pesos, entonces de qué nos sirve tener un servicio pre pagado de funeraria si vamos a tener que pagar mucho más de lo que cuenta un paquete al alcance de nuestras posibilidades”, dijo Lilia.
Los sobrevivientes explicaron que el gobierno de Jalisco se ha negado en varias ocasiones a atenderlos en el Palacio de Gobierno, para discutir las inconsistencias e incumplimientos del fideicomiso.
AA