Suman más de 600 las personas que han ido a denunciar ante la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía de Jalisco por el supuesto fraude cometido por la empresa inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP).
El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, indicó que se han abierto 71 carpetas de investigación diferentes, y que están implicadas con el mismo caso, en el cual 614 personas ofendidas están involucradas, por cantidades monetarias que hasta este momento llegan a los 703 millones 18 mil 774 pesos, lo que equivale en promedio a 1.1 millones de pesos por persona.
Joaquín Méndez indicó que se han realizado dos cateos, así como se han asegurado siete inmuebles que podrían estar vinculados con los fraudes denunciados, incluso se han inmovilizado otras 33 edificaciones ante el Registro Público de la Propiedad del Estado.
De acuerdo al fiscal del estado, hasta el momento han identificado a algunas personas como probables participantes en estos delitos, sin embargo, se brindarán más detalles conforme las investigaciones avancen, ya que incluso no dio la cifra oficial de cuántos identificados o identificadas hay.
Además, Joaquín Méndez agregó que continuarán recibiendo las denuncias que se requieran de las personas afectadas, incluso si lo hacen desde otro estado o viven en el extranjero. Esto también con el propósito de que también sigan reuniendo información que sea útil para las indagaciones.
“Pueden existir varias vías las más comunes o las que generalmente se agotan, es coordinar con las autoridades de aquel país, buscar quiénes son las áreas correspondientes que pueden recabar esas denuncias, si fuese el caso por parte de nosotros como fiscalía el aproximar a personal del área especializada que está trabajando los asuntos a algún lugar en específico para cruzar o recibir alguna información, también lo podemos hacer”, explicó Joaquín Méndez.
Hasta ahora, el fiscal de Jalisco mencionó que no se está investigando a la asociación de trasplantes, de la cual supuestamente era parte Luis Oswaldo, quien era el dueño y representante de AJP, así como tampoco a su presidenta Elizabeth E, una funcionaria del Sistema de Reinserción Social, sin embargo, dijo que las indagatorias no serán descartadas en este sentido.
AA