La portación de artículos de defensa personal en México suele ser común, sin embargo, el utilizar este tipo de objetos a veces es contraproducente para la víctima ya que algunos de éstos están prohibidos en el país. Entre los más conocidos se encuentra el gas pimienta, compuesto químico que suele irritar los ojos, causar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal. Pero, ¿sabes si legal utilizarlo en defensa propia? Aquí te contamos.
De acuerdo con el Código Penal Federal, cada estado de México tiene la responsabilidad de elegir si es legal o no el uso de químicos para defensa personal. Por ejemplo, en Sonoro sólo se permite el uso de taser, o mejor conocida como arma de electrochoques. Lo mismo pasa en Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Mientras que en Colima, Coahuila, Michoacán, Campeche y Aguascalientes se permite el uso de taser y gas pimienta. Aunque, como en el caso de Puebla, el contenido de gas pimienta debe ser menor de 150 gramos de acuerdo a su Código Penal.
Sin embargo, hay que esclarecer que el uso de químicos es validado siempre y cuando tenga justificación, es decir en los siguientes parámetros:
- Para evitar una agresión real.
- No debe ser excesivo.
- La fuerza del agresor es completamente desproporcionada a la de la víctima.
En los casos anteriores se aplica la legítima defensa, que protege a la ciudadanía que tuvo que hacer frente ante un hecho de delincuencia.
¿Cómo se castiga el mal uso del gas pimienta en México?
De acuerdo con el gobierno federal y con el artículo 251, el mal uso o portación ilegal de gas pimienta se castiga con tres meses de prisión o de 90 a 370 días de multa. En el caso de la fabricación ilegal, el castigo puede llegar a los tres años de cárcel.
¿Qué es la legítima defensa?
Según el artículo 17 del Código Penal Federal, la legítima defensa se aplica cuando la víctima actúa para repeler una agresión real. O bien, para defender a otros, siempre y cuando el uso de fuerza no sea desproporcionado, ya que de excederse se aplicará una sanción.
Sin embargo, deberá comprobarse que la víctima efectivamente abusó de su poder para lesionar o en el peor de los casos, asesinar al supuesto agresor.
MRG