El Congreso de San Luis Potosí dio un paso histórico en los derechos reproductivos al aprobar por mayoría la eliminación del delito de aborto en el Código Penal del estado . Con esta votación, la entidad se suma a la lista de estados que reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo sin enfrentar sanciones legales en las primeras etapas de gestación.
Con 20 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención, el Congreso estatal cumplió con la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí, que en septiembre pasado ordenó modificar el marco legal en favor de la despenalización del aborto.
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De esta forma, la interrupción voluntaria del embarazo no será castigada con prisión si se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación, estableciendo así un nuevo criterio legal en el estado.
Reformas pendientes en la Constitución y servicios de salud
Si bien las modificaciones al Código Penal representan un avance significativo para los derechos de las mujeres, organizaciones y colectivos feministas señalaron que aún queda trabajo pendiente en el ámbito legislativo. Las activistas enfatizan que es necesario reformar el artículo 16 de la Constitución local, que actualmente protege la vida desde el momento de la concepción. Además, demandan que se garanticen servicios de salud gratuitos y accesibles para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública del estado.
El Congreso estatal tiene como plazo hasta el 26 de noviembre para concretar estas reformas constitucionales y establecer lineamientos para la atención de quienes busquen acceder a estos servicios en hospitales públicos. Este es un tema central para los colectivos, quienes exigen que el sistema de salud esté preparado para brindar un servicio seguro y sin estigmatización a las mujeres que opten por interrumpir su embarazo.
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Suspensión de procesos judiciales por aborto
Como resultado de la despenalización, la Fiscalía General del Estado anunció que ha suspendido la judicialización de 29 carpetas de investigación relacionadas con el delito de aborto. Esta medida beneficia directamente a mujeres que enfrentaban procedimientos penales, en línea con la resolución del Juzgado Tercero de Distrito que había determinado que el castigo penal era inconstitucional.
La suspensión de estos procesos representa un alivio para quienes enfrentaban cargos legales y refuerza el compromiso del estado con la aplicación de los derechos reconocidos en la reciente reforma.
La aprobación del Congreso de San Luis Potosí marca un avance significativo en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en México, y se espera que inspire a otros estados a seguir este camino hacia la despenalización y la protección de los derechos de salud y autonomía reproductiva de las mujeres.