La Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Guanajuato lleva seis meses en la omisión de convocar a la integración del Observatorio Ciudadano Legislativo (OCL), órgano ciudadano que se encarga de evaluar la eficiencia de los 36 diputados y diputadas locales que por legislar y representar a los guanajuatenses perciben un salario neto de 138 mil 818 pesos mensuales, esto pese a ser una obligación legal.
El Artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que, dicho observatorio sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez cada cuatro meses, y en forma extraordinaria, cuando la importancia del asunto así lo amerite.
No obstante, en seis meses no han podido hacerlo porque los integrantes ya cumplieron su encargo de 4 años y se encuentra inoperante.
Al cuestionar al presidente de la junta de gobierno y coordinación política del congreso del estado Luis Ernesto Ayala, este señaló que había una confusión en el tema, sin embargo, Telediario corroboró la información con los miembros salientes del observatorio quienes confirmaron que no se había convocado a conformar uno nuevo.
Llama la atención que la última ocasión que dicho observatorio presentó el informe anual que marca la ley, fue para señalar que los legisladores de Morena eran en cuanto a cantidad el grupo parlamentario más productivo de iniciativas presentadas, pero que de manera simultánea eran a quienes más les rechazaban o votaban en contra sus propuestas.
En un estudio reciente se reveló que el congreso del estado le pagó un millón de pesos a Luis Carlos Ugalde de 'Integralia' para evaluar la dinámica interna del congreso, inclusive se presumió como un logró el ser de los pocos estados que tienen un Observatorio, ignorando que lleva medio año inoperante.
El Observatorio Ciudadano Legislativo es un órgano ciudadano con independencia funcional y administrativa de vigilancia del desempeño legislativo y parlamentario, con base en los índices de eficiencia y transparencia legislativa; de eficiencia presupuestal y fiscalización; y de impacto social y agenda legislativa con el objetivo de conocer, opinar, recomendar, evaluar y dar seguimiento para contribuir a que las acciones legislativas, se realicen en términos de transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, participación ciudadana, eficiencia, eficacia y honradez.