Una audiencia ante un Juez de Control envió a María Fernanda “N”, hija del ex candidato a gobernador de Puebla Javier López Zavala, a prisión preventiva necesaria o justificada, por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento del deber.
La hija de Zavala, se desempeñaba como Ministerio Público y fue señalada de forma directa por abogados a quienes aparentemente les cobraba cuotas de más de 30 mil pesos para facilitar o aceptar expedientes para los procesos penales.
Debido a que la detención ocurrió mediante una orden de aprehensión, en la audiencia no se debatió si su detención fue legal y el Ministerio Público procedió a imputar los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber.
A María Fernanda, la detuvieron el pasado 13 de octubre y posterior a ello fue presentada ante un Juez de Control en el Centro de Justicia Penal de Huauchinango, sitio donde pidió una extensión del plazo constitucional para presentar pruebas a su favor.
Por tal motivo, fue hasta este martes 17 de octubre que la audiencia en cuestión se retomó, por lo que el Juez en turno, consideró las pruebas del Ministerio Público para fincar prisión preventiva y se le imputaron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento del deber.
Es importante destacar que junto a la hija de Zavala, se detuvo a Alí Eduardo N., otro servidor público y aparentemente, también Ministerio Público al que se le adjudicaron los mismos cargos, sin especificar su modo de operar.
¿Cuándo se presentaron denuncias en contra de la hija de López Zavala?
Entre sus antecedentes se sabe que María Fernanda “N” se desempeñaba como agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, pero cuando se registró la detención de su padre, acusado de feminicidio, la mujer fue movida a la Fiscalía de Investigación Regional, a una del municipios de Xicotepec de Juárez.
En este lugar se presentaron diversas quejas en su contra por malos tratos y corrupción, así que en abril del 2023 la suspendieron de su cargo e iniciaron las investigaciones correspondientes por su forma de trabajar.
En junio del 2023 María Fernanda ganó un amparo y un juez federal determinó que podría retomar sus funciones como Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Regional y percibir su salario al 100 por ciento.
El caso siguió su curso en silencio, hasta que el día 13 de octubre agentes ministeriales cumplieron una orden de aprehensión en su contra en la Coordinación General de Información de la FGE de Puebla, en inmediaciones de San Andrés Cholula.
ERV