El proceso penal que enfrentan 10 personas por el desplome de la Línea 12 del Metro - que dejó un saldo de 26 personas muertas y cerca de 100 lesionadas el tres de mayo de 2021 - podría tardar 10 años más, según Gabriel Regino, representante legal de cinco de los imputados, entre ellos Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro – el ex servidor público de mayor rango que está vinculado a proceso por estos hechos -.
Dicho proceso se encuentra en la etapa intermedia y la próxima audiencia está programada para el primero de junio. Sin embargo, el litigante dijo a Milenio que, mediante la promoción de amparos y otros factores, este caso se podría resolver hasta la próxima década. En tanto, más de 90 por ciento de las víctimas del colapso de la llamada Línea Dorada han llegado a un acuerdo reparatorio.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó 52 años de prisión para cada uno de los imputados – quienes enfrentan proceso penal por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, así como daño a la propiedad – en la formulación de la acusación, realizada en febrero pasado.
La defensa legal de los imputados contestó que no tienen responsabilidad en la caída de la línea 12. En tanto, en la audiencia intermedia, el juez de control deberá establecer cuáles pruebas admite y excluye de ambas partes.
“El proceso es tan complejo y la información es tan amplia, que aún no están las condiciones para que esta audiencia se pueda celebrar, por lo que nuestro vaticinio es que pasarán muchos meses para que pueda tener lugar la misma.
Vamos a solicitar el aplazamiento, porque ha habido nueva información, ha habido un descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía, con una gran cantidad de información, que humanamente no es posible procesarla en tan poco tiempo”, explicó Regino.
Sentencias por caso L12 podrían llegar hasta 2033
El abogado – ex subsecretario de Seguridad Pública del D.F. – expuso que la presentación de amparos puede llevar a que haya una sentencia en este caso, hasta después del 2033.
“Este proceso va a durar aproximadamente 10 años más, cuando menos, y le voy a decir por qué. No sé si recuerde que hay un caso de la estela de luz, donde se procesó a funcionarios menores sobre este caso. Ese asunto lleva 11 años, yo soy el defensor, no se ha dictado sentencia todavía, y es del sistema anterior.
En el caso de la línea 12, tengo promovido un amparo, que va a tener que llegar y terminar en la Suprema Corte. Es un amparo contra la vinculación a proceso, y donde también reclamo la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal de Procedimientos Penales”, explicó.
Gabriel Regino agregó que el amparo podría estar listo para dictar sentencia, en aproximadamente un año. Detalló que, si éste es favorable para los imputados, la Fiscalía capitalina y las víctimas podrán interponer una revisión, la cual tendría que ver primero un Tribunal Colegiado y posteriormente la Suprema Corte, trámites que se podrían llevar de dos a cuatro años más.
“Y lo que es muy probable, es que cuando lo tengamos ganado, diga la Corte, se tiene que reponer la audiencia inicial, y es volver a empezar todo otra vez. Y una vez que vinculen de nuevo, otro amparo, y el mismo plazo se va a volver a cumplir”, señaló.
Por el caso de la línea 12 del Metro, hay 10 personas procesadas penalmente; Enrique Horcasitas, ex director general del Proyecto Metro, Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil.
También Juan Carlos Ramos Alvarado, ex subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras, Fernando Amezcua Ordaz, ex supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12, Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de ingeniería y Proyecto Metro y Ricardo Pérez Ruiz, ex corresponsable de seguridad de la línea 12.
Todos ellos enfrentan proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, así como daño a la propiedad. Tienen las medidas cautelares de firma periódica, no salir del país y no acercarse a las víctimas.
CMOG