En acato a una resolución de un Tribunal Colegiado, Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite el amparo que promovió un grupo de familiares de las víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro, quienes buscan que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México les de acceso a la carpeta de investigación.
La jueza dio entrada a la demanda, pero rechazó concederles la suspensión definitiva que solicitaron.
La juzgadora indicó que, de otorgarles la medida cautelar, implicaría darle efectos restitutorios los cuales, en su caso, son propios de la sentencia que se dictará en el juicio.
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Por el momento, la jueza ordenó a las autoridades de la fiscalía capitalina que rinda informes justificados sobre el tema.
Hace unos días, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró fundado el recurso de queja interpuesto por Marisol Mayte Tapia de Jesús, madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia, menor que murió tras el colapso, quien busca junto con otras seis personas, conocer la indagatoria.
Por unanimidad, los magistrados ordenaron a la jueza admitir a trámite el amparo, porque la demanda “no tiene el alcance de suspender, paralizar o dar por terminada la indagatoria” que inició el Ministerio Público.
El tribunal federal explicó que los quejosos se duelen de la omisión de la fiscalía capitalina por no informarles “el plan de investigación, así como de las carpetas que se han iniciado con motivo de los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro”.
Además, porque no “se les ha hecho de su conocimiento, la existencia de los dictámenes, clasificación de lesiones y testimonios, así como de los trabajos periciales que se han realizado desde el primer momento en que sucedieron los hechos”.
Las familias señalaron que el 12 y 13 de julio del presente año, el agente del Ministerio Público, José Manuel Ruiz Macal, les negó el acceso a todo lo solicitado, “con la excusa que al existir otras víctimas” de las cuales no eran representantes, no podía darles “el acceso completo a la carpeta”.
Indicaron que tampoco se les ha informado sobre los estudios y dictámenes preliminares realizados por las empresas contratadas, así como la línea de investigación.
“…asimismo, no nos han informado de los tres informes preliminares de las empresas que fueron contratadas por el Gobierno de la Ciudad de México y en general nos niegan acceso total a la carpeta de investigación, de la cual nos ostentamos como víctimas, de esto se desprende que no tenemos copias de ninguna de las actuaciones que versan en dicha carpeta…”, manifestaron.
El Tribunal Colegiado puntualizó que la petición de acceder a la carpeta de investigación está más apegada al amparo del derecho a una defensa adecuada y de acceso a la justicia, ambos principios constitucionales.
lvm