El 24 de diciembre de 2018 será recordado en Puebla como un día de tragedia; en esa fecha se desplomó la aeronave en la que la Gobernadora Martha Erika Alonso; su esposo y senador, Rafael Moreno Valle; su asistente, el piloto y copiloto de la aeronave.
El accidente que ocurrió en campos de cultivo del municipio de Coronango cambió el destino del estado, desde ahí, Puebla cambió cinco veces de mandatarios estatales; es decir, desde la conclusión del gobierno de Antonio Gali Fayad; Martha Erika Alonso, Jesús Rodríguez Almeida como encargado de despacho, Guillermo Pacheco Pulido como Gobernador interino y Miguel Barbosa Huerta, quien recientemente falleció.
¿Qué pasó con los detenidos por la muerte de Martha Erika Alonso?
A cuatro años de la caída de la aeronave, ninguno de los 12 presuntos involucrados en los delitos de homicidio a título de culpa, falsedad en declaración y daño en propiedad culposo han recibido sentencia en 2022.
Desde el inicio de las indagatorias se informó que 12 fueron señaladas por las autoridades ministeriales como presuntas responsables de la caída del helicóptero con matrícula XA-BON, propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, solo nueve de los acusados fueron detenidos y de estos, cinco trabajadores y José Antonio Vázquez Torales, propietario de la firma Rotor Fligth Services, fueron enviados a prisión preventiva.
Durante más de un año, José Antonio Vázquez, permaneció recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, mientras que Ricardo Montiel Rodríguez, María Magdalena Raya Ochoa, Miguel Herrera Magdaleno e Israel Olguín Jiménez fueron enviados al penal de Huejotzingo. No obstante, a lo largo de 2022, Ricardo Montiel y Miguel Herrera consiguieron un amparo y bajo fianza obtuvieron su libertad con modificación de medidas cautelares para continuar su proceso judicial fuera de prisión.
Entre las defensas legales de los imputados se encontraron el bufet jurídico de Montalvo y Asociados y Reydesel Vélez, quienes entre las diferentes inconsistencias detectadas en el caso jurídico, señalaron la falta de una prueba de ADN a las víctimas del fatal accidente, el doble señalamiento contra sus clientes por un mismo crimen, incluso la falta de peritajes externos en cuanto a aviación.
Por lo anterior, argumentaron que sus clientes no pudieron ser sentenciados al no ser posible comprobarles los delitos de falsedad de declaraciones, homicidio a título de culpa y daño en propiedad culposo, en agravio de la gobernadora Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle; así como Marco Antonio Tavera Romero, Héctor Baltazar Mendoza y Roberto Javier Coppe Obregón, tras una falla simultánea de dos actuadores lineales del roll alabeo SAS1 y SAS2.
Cabe señalar que los detenidos forman parte del equipo del Taller Rotor Flight y actualmente se encuentran bajo investigación ministerial al presuntamente haber cometido errores durante su trabajo como mecánicos, supervisores de vuelo, encargados de turno, dueño de la firma, etcétera, con lo que se presume que aún sin tener una intención de provocar el colapso del helicóptero, habrían incurrido en una falta culposa.
Destaca que gran parte de esta investigación ministerial se ha manejado de forma hermética, sin embargo, se sabe que al menos 12 entrevistas, pesquisas de levantamientos de cadáveres, una inspección del lugar de los hechos, dictámenes de necropsias, peritajes de aviación, un informe de siniestro, dictamen pericial topográfico y agrimensura; además de un informe de daños técnicos y agrónomos en el terreno donde cayó la aeronave, son algunos de los peritajes realizados por las autoridades para intentar resolver el caso.
GO