La tecnología e inteligencia van ganando terreno en herramientas fundamentales para el combate a la delincuencia; el diputado local, Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, compartió que en la convención legislativa está sobre la mesa una ley para que los municipios tengan obligatoriamente un área de inteligencia.
Esto lo dio a conocer durante su participación en la mesa de diálogo del programa de televisión Cambios, conducido por Miguel Ángel Puértolas, donde el eje principal fue el tema de prevención y percepción en materia de seguridad en el estado de Guanajuato.
“Es un tema que traemos y que vamos a platicar en los próximos meses y ojalá tengamos el eco en todos los sectores de la sociedad porque es importante que ya los municipios tengan sus unidades de análisis de información”, refirió el legislador local.
En la mesa de diálogo participaron también Jaime Gallardo Saavedraa, coordinador General de la Mesa de Seguridad y Justicia de León; Luis Miguel Rionda, catedrático de la Universidad de Guanajuato y editorialista de Milenio; así como Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien destacó que en Guanajuato hay al menos 10 municipios que realizan estas acciones, sobre todo los ubicados en el Corredor Industrial.
Indicó que desde San Francisco del Rincón, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Salvatierra, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, son algunas de las ciudades del estado que ya realizan este tipo de acciones, aunque agregó que todavía falta trabajo por hacer.
Argumentó que las unidades de inteligencia prevén escenarios para poder tomar decisiones que puedan generar una cultura de prevención, por lo que la denuncia también es importante, ya que permite el análisis para iniciar una acción y entender realmente cuáles son las variables del fenómeno delictivo en una zona particular y que, como ciudadano se obliga a la autoridad a estar ávida de información para poder actual en un sentido integral.
“En lugar de recopilar información sigues contratando mano de obra, por decirlo de algún modo, tropa, que es otro de los pendientes que tenemos en Guanajuato. Hemos aumentado los sueldos, pero falta una mejor orientación en tema de la captación y el reclutamiento”, dijo la secretaria.
El diputado local, hizo hincapié en que se tiene que trabajar en la institucionalización en materia de seguridad pública y en asegurar un perfil idóneo de un analista de información.
“El tema de los recursos, sería un discurso muy peligroso pensar que dinero es sinónimo de éxito en seguridad. Si es cierto que hoy los municipios tienen que cumplir con la ley, tienen que ser lo suficientemente creativos, tienen que hacer muchas cosas”, refirió el diputado local por el PAN.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, presentada por el INEGI, la tasa de víctimas de delito en Guanajuato por cada 100 mil habitantes disminuyó 30.9 por ciento en 2022, en relación con lo reportado en el 2021, es decir, de 25 mil 648 víctimas a 17 mil 726 casos por cada 100 mil habitantes.
Por su parte, el catedrático Luis Miguel Rionda, externó que cuando se reconozca que una de las funciones del estado es garantizar la seguridad y acudir con confianza se pueden dar pasos importantes en la prevención y percepción.
“Hoy día la cotidianidad nos hace ser insensibles ante lo que nos está sucediendo realmente creo yo, y aquí coincido con los compañeros de esta mesa que el tema de la seguridad ciudadana tiene que atenderse principalmente a nivel de lo local. Ninguna estrategia pensada en lo nacional va a tener esa efectividad a la que puede aspirar una policía inmediata que sea cercana a la gente”, agregó.
Jaime Gallardo Saavedra, coordinador General de la Mesa de Seguridad y Justicia de León reafirmó que la participación ciudadana es importante, no sólo para estar cercanos a las autoridades, también para asumir la responsabilidad, pues de acuerdo a datos de la encuesta, el 90% de los delitos no se denuncian, oficialmente no existen, legalmente no hay un seguimiento y no se registra esa información que sirve como indicadores para tomar decisiones y acciones.
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