Las autoridades del Estado de México buscan implementar el Operativo Mochila en escuelas públicas de todos los niveles educativos del territorio mexiquense a partir de enero de 2025.
La propuesta de proceder con el operativo debe contemplar la capacitación de las personas que revisaran las pertenencias de los menores de edad, con la finalidad de que no se transgredan sus derechos.
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Operativo Mochila en Edomex protegerá derechos de estudiantes
En entrevista, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel explicó que el protocolo está siendo analizado por personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ Edomex) y la Secretaría de Seguridad (SSEdomex) estatal.
“No queremos fallar, está en la Fiscalía la revisión del protocolo y con la Secretaría de Seguridad, pero principalmente, la responsabilidad son los padres de familia”, dijo.
En ese sentido, detalló que la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem) ya aprobó el protocolo para garantizar los derechos de las infancias y adolescencias que integran la comunidad escolar y con ello, evitar vulnerarnos.
“Nos decía Derechos Humanos que hay que transformar, no es revisar, es permitir mostrar lo que traigo (…) se estará respetando los derechos humano de los menores y de todos”, manifestó.
Precisó que el Operativo Mochila se prevé aplicarlo en todos los niveles educativos y contar con la colaboración de los padres y madres de familia
“Es responsabilidad de los padres y que nos apoyen. La educación es responsabilidad de todos”, finalizó.
Buscan que en la estrategia participen principalmente padres de familia y tutores, así como los directivos de instituciones escolares, además se contará con con apoyo de las corporaciones de seguridad y derechos humanos, el cual busca prevenir que algún menor introduzca a las escuelas armas o sustancias tóxicas que puedan dañar la integridad de la comunidad estudiantil.
¿Qué es la Operación Mochila?
Se trata de la revisión de las pertenencias de estudiantes al ingresar a los planteles educativos, con la finalidad de evitar que se introduzcan armas o sustancias nocivas que puedan vulnerar la seguridad de las infancias.
Desde si implementación, el operativo ha sido criticado por tratarse de una medida que criminaliza a los niños y niñas; por ser violatorio de los derechos de intimidad y presunción de inocencia; y por ser aplicado sin el consentimiento de los menores.
A pesar de ello, es una medida que no esta prohibida en el país, por lo que las Comisiones de Derechos Humanos estatales asesoran a las autoridades para fomentar la participación de las comunidades estudiantiles y de los padres, madres y tutores.
SOM