Después de 6 meses de haberse amparado contra los impuestos verdes, el Poder Judicial de la Federación echó abajo ese recurso para una de las pedreras ubicada en el municipio de Escobedo.
De acuerdo a un documento del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, la autoridad encontró justificación suficiente para demostrar que la medida no es violatoria de sus derechos constitucionales.
Aunque la empresa argumentó que no existe un método estandárizado para la extracción de materiales extraídos con los que se pueda determinar el gravamen relativo, la conclusión señaló que hay sustento en el deber de contribuir al gasto público, así como en el derecho al acceso a un ambiente sano y en el principio del "que contamina paga" previstos en el artículo 31 de la Carta Magna.
El decreto señaló además que las pedreras se encuentran catalogadas como la industria más peligrosa que provoca más daños a la salud y que no revierte lo que daña, agua aire y ecosistemas.
Dicho impuesto fue aprobado en diciembre del año previo y consta de un cobro de 1.5 cuotas por cada metro cúbico o fracción que se extraiga de los materiales.
Este sería el primer golpe a las empresas de caliza en lo que va del año, aunque hay otro grupo de firmas que también buscaron amparos para no apegarse al reglamento.
jvl