De todas aquellas situaciones de ciberacoso que son denunciadas a las autoridades por parte de mujeres, muy pocas derivan en sanciones formales, lo cual ha quedado evidenciado en los registros de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Actualmente, Guanajuato es uno de los 29 estados donde es aplicable la denominada Ley Olimpia, misma que, de manera general, se define como ‘un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia’, y que además aplica a todas las personas, tanto hombres como mujeres.
Sin embargo, al parecer existen diversos factores que, finalmente, no permiten que a las víctimas se les haga justicia de manera debida.
En primer lugar, se sabe que el índice de denuncia para la violencia digital es bastante bajo; ya que, en gran medida, por los prejuicios que se generan hacia las víctimas, estas temen hablar de la situación que viven, e incluso pueden llegar a sentirse culpables.
No obstante, pese a estos obstáculos, más de 700 mujeres se atrevieron a denunciar desde el 2020 hasta el primer trimestre del 2022; pero se tiene el reporte de que, en 2021, solo un caso pudo ser sancionado.
- Nacional
El diputado Gerardo Fernández, del Partido Verde, relaciona esto con las deficiencias que existen el sistema de justicia penal, lo cual, comenta, ya había sido denunciado por ellos desde el año pasado.
“Las mujeres que tuvieron el valor de ir a denunciar fueron alrededor de dos al día. Y, sin embargo, con esos números, es decir, un número muy aproximado a 800 mujeres que denunciaron, solamente hubo uno sentenciado, una persona sentenciada en Guanajuato”, manifestó Gerardo Fernández.
Describe como preocupante el hecho de que, hasta el día de hoy, no existan indicadores que permitan conocer las fallas concretas que merman el desempeño de la Fiscalía General del Estado o el Poder Judicial; aunque, dada su experiencia, la principal de ellas se encuentra en la integración de las carpetas de investigación.
Para solucionar este problema, propone una evaluación del sistema de justicia penal, para lo cual se requiere una mayor inversión en sistemas informáticos, una mayor coordinación y la generación de acuerdos a nivel estatal y nacional; cuestiones que ya habían sido puestas sobre la mesa por la organización ‘México Evalúa’.
PCQG