El 29 de junio de 2021, elementos de la Policía Estatal de Puebla tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ante el conflicto legal que se desató entre el Patronato y la Fundación Mary Street Jenkins.
La universidad ubicada en el municipio de San Andrés Cholula forma parte de la Fundación Mary Street Jenkins, sin embargo, desde el 1 de marzo de ese año un Juez de Control del Estado de México giró órdenes de aprehensión contra los integrantes de la familia Jenkins por el presunto desfalco de 14 mil millones de pesos del patrimonio de la fundación creada en 1954.
¿Por qué involucraron a la UDLAP?
Los problemas legales entre la familia Jenkins iniciaron cuando Guillermo Jenkins de Landa acusó a sus parientes de un desfalco de 720 millones de dólares, por lo que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de bienes, entre ellos, el predio en donde se ubica la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Desde ese momento, comenzó una cascada de acciones legales entre las partes involucradas. En Puebla, intervino la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada.
Otros integrantes de la familia crearon la Fundación Universidad de las Américas Puebla y nombraron a Horacio Magaña como presidente.
¿Quién se quedó a cargo en la UDLAP?
Mientras tanto, Luis Ernesto Derbez pidió licencia como rector de la UDLAP para enfocarse en su defensa legal, ya que también fue acusado de fraude. De esta manera, el patronato original nombró a Cecilia Anaya Berrios como rectora interina. Sin embargo, el llamado nuevo patronato puso al frente de la casa de estudios a Armando Ríos Piter como rector interino.
La división entre ambos patronatos han mantenido por siete meses sin clases presenciales a los alumnos, lo que orilló a los estudiantes a generar las primeras movilizaciones para que el campus fuera reabierto.
¡UDLAP libre!
El 10 de julio de 2021 fue la primera manifestación pacífica de los estudiantes de la UDLAP, para exigir a las autoridades estatales que intervinieran en el conflicto legal entre particulares, y de esta manera retomaran sus actividades escolares de manera presencial.
A la marcha se unieron académicos, egresados y padres de familia, no obstante, las movilizaciones se extendieron en noviembre y se intensificaron al final de 2021 y en las primeras semanas de febrero. El conflicto mantiene a por lo menos 10 mil estudiantes y 2 mil profesores sin actividades en aulas, además, la economía en San Andrés Cholula se ha visto afectada por la nula presencia escolar.
¿Qué ha dicho la autoridad?
En fechas recientes, la comunidad universitaria retomó fuerza para pedir que el gobierno estatal liberara la universidad, en respuesta la autoridad ha insistido en que no tiene injerencia al tratarse de un caso entre particulares que se resuelve en tribunales.
Lo complejo del asunto, es que aunque un juez en Puebla ha ordenado la liberación del campus, los alumnos no han podido regresar a clases presenciales, debido a que la determinación no implica que el campus sea entregado al patronato original. Además, los estudiantes no reconocen a Armando Ríos como rector sino a Cecilia Anaya, del patronato dirigido por Margarita Jenkins de Landa.
Han sido siete meses de un proceso jurídico que parece no tener fin, aunque el problema más grave es para los estudiantes que no han podido tener acceso a un derecho constitucional, la educación en aulas.
IOG