La búsqueda de justicia para doña Susana y Margarita, ambas víctimas de agresiones por parte de Constantino N., trabajador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), continúa vigente.
Este martes 23 de julio, familiares y amigos de Susana (de 78 años y madre de Constantino) y Margarita (de 55 años y hermana del hombre) se manifestaron afuera de Casa de Justicia del municipio de Tehuacán con el fin de exigir justicia a casi un año de haber sobrevivido al presunto intento de feminicidio orquestado por Constantino.
Los hechos de violencia habrían ocurrido el pasado 11 de agosto de 2023 en el municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, cuando el señalado hijo de Susana la agredió física y verbalmente tanto a ella como a su hermana Margarita.
A pesar de que se levantó una denuncia para la que se contó con todas las pruebas necesarias no existe hasta la fecha ningún avance en el caso, hecho que llevó a los manifestantes hasta la Casa de Justicia regional.
Temen corrupción al interior de la Fiscalía por la paralización del caso
Verónica Flores, quien es nieta de Susana señaló que entre sus alegatos se encuentra tipificar el caso como un intento de feminicidio.
A esto se suma el temor que sienten por la posibilidad de que exista corrupción por parte de la jueza María Alejandra y Delia López en el área de Ministerio Público, por lo que pidieron a la Fiscalía que "No se venda".
Este mismo martes se lleva a cabo una audiencia en Casa de Justicia de Tehuacán en la que se esperando que haya resultados a favor tanto de Susana como de Margarita.
Protestas a favor de Susana y Margarita también resonaron en Puebla capital
El llamado de justicia para ambas mujeres también se hizo presente en la ciudad de Puebla cuando, en septiembre del 2023, las representantes de colectivos feministas organizaron y participaron en una marcha que tuvo como destino final la UPAEP, centro de trabajo del presunto agresor.
En aquel entonces la principal petición fue hacia la UPAEP para pedir que no brindara protección a Constantino, a quien las manifestantes señalaron como presunto responsable por dos intentos de feminicidio.
La agresión que consistió en propinarles distintos golpes que provocaron la hospitalización de ambas mujeres se debió, según denunciaron, a que el hombre habría querido eludir el pago de pensión hacia Susana, su madre.
Sin embargo, el señalamiento contra la UPAEP se debe a que la propia universidad le habría brindado apoyo a su trabajador mediante tres abogados con los que podría enfrentar el proceso legal iniciado en su contra.
Esto motivó a los colectivos feministas para llamar a que la universidad retirara el apoyo hacia Constantino, al considerarlo como una forma de protección para el agresor.
EG