Ante el creciente número de construcciones con irregularidades en Puerto Vallarta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo un operativo de inspección que resultó en la clausura de tres desarrollos inmobiliarios ubicados en la franja del ecosistema costero.
Estas medidas responden a denuncias ciudadanas y buscan garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, enviando así un mensaje claro a los desarrolladores inmobiliarios: el respeto por la normativa ambiental es un requisito indispensable para la construcción en zonas protegidas.
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¿Cuáles fueron las acciones emprendidas por la Profepa en Puerto Vallarta?
El operativo, que comenzó el pasado 25 de febrero, fue motivado por múltiples denuncias de ciudadanos preocupados por la proliferación de proyectos que no cuentan con las autorizaciones ambientales federales necesarias o que han realizado obras adicionales a las aprobadas. Como resultado de la inspección, la Profepa impuso una clausura total temporal a un desarrollo y clausuras parciales temporales a otros dos.
El proyecto Breeze Loft 185 fue el más afectado por la medida, ya que no presentó la autorización de impacto ambiental federal, lo que llevó a su clausura total temporal. Por su parte, el Condominio Plurifamiliar Vertical Xalli y el proyecto Marina Towers cuentan con autorización de impacto ambiental vigente, pero realizaron obras adicionales a las autorizadas, por lo que fueron sujetos a clausuras parciales temporales.
“La Profepa mantendrá una labor permanente de vigilancia en la zona para asegurar el cumplimiento de la normatividad o bien la reparación de daños en las construcciones ilegales”, señaló la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Asimismo, destacó que el crecimiento inmobiliario desordenado en los ecosistemas costeros genera impactos negativos tanto en las poblaciones locales como en los ecosistemas marinos.
¿Cuál ha sido el impacto ambiental en Puerto Vallarta?
El crecimiento urbano descontrolado en zonas costeras ha sido un problema recurrente en México, y Puerto Vallarta no es la excepción. El desarrollo de proyectos sin los permisos adecuados o con modificaciones no autorizadas puede causar daños irreversibles al medio ambiente, afectando tanto la flora y fauna local como a las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
La Profepa ha reiterado su compromiso con la vigilancia ambiental y continuará con operativos en la región para garantizar el cumplimiento de la normatividad. Además, se espera que los responsables de los desarrollos clausurados presenten las acciones necesarias para regularizar su situación o restaurar las áreas afectadas por las obras ilegales.
Mientras tanto, los ciudadanos y organizaciones ambientales seguirán atentos a la evolución de estos casos y a la actuación de las autoridades para preservar el equilibrio ecológico de Puerto Vallarta.
AM