El Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, condenaron al Estado mexicano por su responsabilidad en la comisión de delitos de abuso sexual organizado, al interior de prescolares.
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. informó que en los últimos 30 días se emitieron tres sentencias condenatorias sobre los casos documentados en el informe “Es Un Secreto”, que reveló la presencia de una red de abuso sexual en al menos siete entidades de la República. Desde entonces, el Estado no se ha pronunciado sobre el tema.
La resolución de estas sentencias responsabiliza particularmente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual debe tomar acciones para garantizar que estos delitos no se repitan.
En el momento de su publicación en mayo de 2021, el informe refería 18 casos de violencia sexual contra niños y niñas de entre 3 y 5 años; sin embargo, la actualización reveló que ahora son 20 casos en 10 estados del país.
En los casos litigados en contra de algunos agresores se obtuvieron sentencias robustas, puntualizó el organismo. Adicionalmente los juzgadores determinaron condenar al Estado Mexicano como obligado a garantizar la reparación integral del daño y la no repetición.
Por lo anterior, la SEP deberá hacer un reconocimiento de su actuar irregular y ofrecer una disculpa pública; también entre otras cosas, establecer un día en el calendario escolar para trabajar con niños, niñas y adolescentes y personal docente sobre la violencia sexual en escuelas; del mismo modo que deberá garantizar que en la CDMX todas las escuelas sean transparentes.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) junto con las familias víctimas y bajo la orientación de la Ofinia de Defensoría de los Derechos de la Infancia, deberán elaborar materiales educativos para la prevención de violencia sexual en las escuelas y mejorar el acceso a la justicia de la infancia víctima. Dichos materiales deberán ser distribuidos por la SEP.
Por su parte, la Fiscalía General de la República deberá investigar la posible intervención o participación de otras personas en los hechos delictivos.
znr